Rey: ni dice la verdad ni actúa con transparencia

A estas alturas del encrespado debate sobre los límites máximos de captura, o cuotas individuales, establecidos mediante DL 1084, se han establecido algunas conclusiones:

Por Diario La Primera | 15 set 2008 |    
Rey: ni dice la verdad ni actúa con transparencia
(1) Produce no ha tomado en cuenta la opinión de las organizaciones. (2) No dice quién contrató a Apoyo.
Un análisis sobre las implicancias del DL 1084 que ha desatado una serie de críticas contra le Ministerio de la Producción.

a) Que el llamado desorden pesquero: más embarcaciones y bodegas que lo que la biomasa puede soportar; lucha a muerte por pescar la mayor cantidad en el menor tiempo posible; constante violación de las normas y pesca ilegal; es un producto combinado de indolencia y corrupción de varios gobiernos; afán de las grandes empresas que han ido ingresando a la pesca por recuperar sus inversiones y apropiarse del negocio; esfuerzo de pequeños y medianos por no ser desplazados. Esta situación, sin embargo, ha sido reducida de manera simplista a una historia de vikingos (barcos pequeños de madera), que serían imposibles de controlar.

b) Que el Estado, a través del Ministerio de Pesquería y Produce ha ido legalizando el crecimiento de la capacidad instalada en los barcos y empresas harineras, y en particular ha permitido crecer a las empresas ligadas a la Sociedad Nacional de Pesquería que actualmente disponen del 55% de la capacidad de bodega y alrededor del 70% de la capacidad harinera. Si este grupo actuara sólo en el sector, habría de todas maneras exceso de barcos y plantas. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Ni el ministro Rey ni el Grupo Apoyo lo explican, pero sí hacen suyo su demanda para distribuir la pesca industrial en cuotas fijas y eliminar la competencia.

c) Que el principio del DL 1084, no es acabar con el desorden y la ilegalidad, a través de un mejor y más honesto control de la actividad. Por el contrario lo que se busca es feudalizar el mar instaurando derechos a los que ya están en el negocio, orientando a los que buscan entrar o crecer, a comprar a los demás. Es un planteamiento que apunta a la mayor concentración de propiedad en el sector.

d) Que el ministro de la Producción, Rafael Rey, no ha tomado en cuenta la opinión de la mayor parte de organizaciones empresariales y laborales de la pesca, y como si se tratara de personas que desconocen el sector al que han dedicado su vida, los hizo escuchar las sabias propuestas de Apoyo Consultoría S.A., a la que se le había solicitado un estudio de alternativas para el ordenamiento pesquero y un plan de compensaciones para los trabajadores que saldrán del sector. Este estudio también fue entregado al Congreso, como el súmmum del saber pesquero.

e) Que a pesar de la importancia otorgada al estudio de Apoyo, el ministro ha mantenido silencio respecto a la pregunta: ¿quién lo contrató y financió?, arguyendo increíblemente que no le interesa saberlo, lo que equivale a impedir que los demás sepan lo que él sí sabe. Contradictoriamente el estudio se presenta como hecho a solicitud de Produce, cosa que no ha sido desmentida, y en el ministerio no existen registros de la existencia de alguna decisión oficial para su elaboración, que debería haber aún en el caso que una empresa privada hubiese querido donar los recursos para su contratación.

f) Que investigaciones periodísticas han descubierto los lazos entre Apoyo Consultoría y la empresa pesquera Austral, una de las principales del sector, a través del señor Gianfranco Castagnola, que es a la vez gerente general y cabeza de la consultora, y miembro del directorio de una de las empresas pesqueras que van a verse beneficiadas si se aplica el sistema de cuotas individuales por embarcación. Por lo tanto no es verdad que los autores del estudio hayan sido un grupo independiente y sin intereses en el sector, como argumentó el ministro.

g) Que, adicionalmente, se estaría vulnerando la garantía de control que debe ofrecer la entidad encargada de hacer la auditoría del funcionamiento del nuevo sistema, en tanto el ministro ya anunció -también como otro hecho consumado-, un contrato con la Universidad del Pacífico, estrechamente relacionada con el Grupo Apoyo (el presidente de Apoyo es rector con licencia de la universidad), y en cuyo cuadro de promotores vuelve a aparecer el nombre del señor Castagnola, que de esta manera reúne en su persona la condición de consultor, auditor, financista y beneficiario.

h) Que informaciones de diversas fuentes indican que Castagnola ha sido la persona que ha intermediado para el contrato entre Produce y las empresas pesqueras que pagaron el estudio, y el mismo que habría negociado el convenio entre el ministerio y la universidad. De comprobarse esta versión estaríamos ante un grosero caso de conflicto de intereses y negociación incompatible que debería ser materia de investigación por el Congreso y el Ministerio Público; lo que a su vez compromete la posición del ministro Rey que se ha jugado a favorecer un “ordenamiento” que beneficia a muy pocos, en desmedro de la amplia mayoría del sector pesquero.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación


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