Reclaman protección

La solución está en manos del gobierno. Los trabajadores, organizaciones sociales y autoridades de La Oroya, donde opera el complejo metalúrgico administrado por la discutida firma Doe Run, coincidieron ayer en que, ante la declaratoria en insolvencia por parte de la minera, la solución frente a este conflicto, que podría significar la pérdida de miles de puestos de trabajo, reside en el Ejecutivo, por tratarse de una decisión política.

Por Diario La Primera | 06 ago 2009 |    
Reclaman protección
Decisión en manos del gobierno, coinciden autoridades y trabajadores.
Trabajadores sostienen que es responsabilidad del Ejecutivo garantizar sus puestos frente a incierto futuro de Doe Run.

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El representante de los trabajadores, Roiberto Guzmán, insistió en la necesidad de que “no se empantane más" el cumplimiento del PAMA, toda vez que La Oroya requiere de acciones urgentes para resolver el problema medioambiental derivado de las operaciones del complejo metalúrgico.

Al respecto, el titular de la región Junín, Vladimiro Huaroc, manifestó que por ello hace unos días viene gestionando concretar una reunión entre los representantes de los trabajadores de la compañía metalúrgica y el presidente Alan García, para tratar directamente con él la problemática ambiental y laboral que ha generado esta situación en la zona.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Doe Run, Roiberto Guzmán, indicó que están a la espera que el Ejecutivo se preocupe por la SITUACIÓN laboral que ha generado la declaratoria en insolvencia de la empresa. “Hay preocupación pues el proceso de solución concursal de la minera será engorroso y tomará mucho tiempo, lo cual podría significar la pérdida de nuestros puestos de trabajo. Por ello, reiteramos nuestra invocación para que el gobierno actúe de manera clara ante esta coyuntura, pues el único afán de los empleados de la minera es trabajar, trabajar y trabajar”, resaltó.

De su lado, las organizaciones integrantes de la Red Muqui, colectivo que trabaja la problemática de la minería en el país, reiteró la necesidad que el Estado asuma el rol que le corresponde y exija la incorporación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) como una responsabilidad económica de la empresa, al margen de su proceso en Indecopi, pues se trata de una obligación contraída por ésta previamente.

“La empresa tiene pendiente invertir aproximadamente 155 millones de dólares para culminar con la modernización del complejo, y ello debe cumplirse”, indicó.

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