Políticas extractivistas en la mira

Un reciente informe publicado por Oxfam denominado “Justicia fiscal para reducir la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe” advierte que las élites políticas y económicas de los países de la región han modelado sistemas fiscales que no solo basan el crecimiento en la extracción de recursos naturales sino que tienen un impacto muy limitado como correctores de desigualdades o que de hecho, contribuyen a su profundización. El Perú no es ajeno a dicho problema.

| 13 setiembre 2014 04:09 PM | Economía | 1.5k Lecturas
Políticas extractivistas en la mira
Dura crítica a políticas extractivistas
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En los últimos años, América Latina ha experimentado los que algunos denominan “El Consenso de los Commodities”, lo que ha llevado a facilitar desde los estamentos gubernamentales el desarrollo del modelo “extractivista” orientado a la exportación de bienes primarios a gran escala que promueve sectores como la agroexportación, minería e hidrocarburos, señala el informe.

Esto ocurre -aunque no exclusivamente- en países como Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, precisa.

Mientras los esfuerzos de los gobiernos apuntan a la exportación de bienes primarios, advierte el informe, la pequeña agricultura sigue abandonada y las pequeñas empresas quedan insuficiente e inadecuadamente atendidas, y está pendiente la industrialización y la diversificación productiva con potencial de generar más empleos de calidad.

En 2011, las materias primas agrícolas y mineras representaron el 76% de las exportaciones de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), mientras las manufacturas de alta tecnología solo representaron el 7%.114

Según Oxfam, el apoyo de las políticas gubernamentales hacia el modelo extractivista ha significado en la práctica un freno al desarrollo en condiciones de otros sectores de actividad como la pequeña agricultura. Esta realidad contradice los objetivos de reducción de las desigualdades estructurales y el fomento de modelos económicos ecológicamente más responsables.

El nuevo extractivismo, según señala Maristella Svampa en su libro El Consenso de los Commodities, “irrumpe en los territorios, y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, expulsando o desplazando comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana”.

Esto sin contar que este modelo se sustenta en general sobre la base de actividades intensivas en capital pero no en trabajo. En Perú, la megaminería transnacional ocupa apenas el 2% de la Población Económicamente Activa (PEA), contra un 23% en la agricultura, un 16% en comercio y casi el 10% en manufacturas”, indica Maristella Svampa.

AHONDA DESIGUALDAD

A pesar de mejoras recientes en los índices de desempleo y calidad del empleo12, la política fiscal en la región todavía tiene innumerables retos a la hora de ayudar a promover la formalización de los trabajadores pobres y con ello garantizar un progresivo aporte a las cuentas públicas a través de los impuestos, indica Oxfam.

Esta inoperancia es lamentable, no sólo por los recursos que se dejan de recaudar sino fundamentalmente porque los mercados laborales precarios tienden a profundizar las desigualdades de origen, sean de clase, género, edad o etnia, señala el informe.

La perpetuación de la informalidad y de la ausencia de derechos en casi cualquier sentido suelen ir de la mano en la región”, señala la OIT.

Para Oxfam, las desigualdades se reproducen en la informalidad porque ésta suele estar estrechamente asociada con actividades laborales de menor calidad, caracterizadas por salarios y derechos laborales insuficientes, y de baja productividad que son llevadas a cabo por los segmentos más vulnerables de la población.

Datos recientes siguen reflejando brechas laborales en detrimento de las mujeres, especialmente en países de la región como Nicaragua, Bolivia, Perú y Colombia. En estos países, el 59,4%, 54,3%, 51% y 50,9% de las mujeres que trabajan, respectivamente, lo hacen en trabajos de menor calidad. En contraposición, según la Cepal, los porcentajes de los hombres son: 33,4%, 29,8%, 31,4% y 40,3%, respectivamente.

En México, sólo el 30% de las empresas pequeñas (empresas con diez o menos empleados) están registradas, según McKinsey and Company. La situación es aún más dramática en países como El Salvador, donde sólo el 1% de todas las microempresas y el 3% de los que no son microempresarios están registrados.

En Latinoamérica y el Caribe (LAC), el 47% de las personas con un trabajo en el sector no agrícola están en condiciones de informalidad: “unos 100 millones de personas en una situación de informalidad que apenas permite la subsistencia sin ningún tipo de protección”, indica un estudio de la OIT.

La baja productividad de las actividades informales en LAC supone ingresos actuales y futuros bajos e inestables, debido a la vulnerabilidad que suele caracterizarlas. Con el agravante de que precisamente por ser informales, en general no cuentan con servicios básicos y/o sistemas de protección social capaces de garantizar verdaderos saltos de productividad, ni el apoyo del Estado o las capacidades (resiliencia) para hacer frente a imprevistos como una enfermedad o desastres climáticos”, comenta Oxfam.

Por lo tanto, añade, cuando el emprendedor o trabajador informal pobre se enfrenta a lo que supone asumir regulaciones e impuestos derivados de la formalización, el cálculo arroja beneficios extremadamente difusos.

Para Oxfam, los trabajadores pobres que son informales precisan apoyo a través de políticas fiscales que inviten a la formalización.

CONCEPTO

La política fiscal –que abarca tanto la gestión de ingresos como el nivel y la orientación del gasto- concreta la visión social que un Estado aspira alcanzar y es una herramienta fundamental del modelo de desarrollo económico y productivo en el que se basa el progreso, según considera Oxfam.


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