Plantean actualizar normatividad eléctrica

De no modificarse y actualizarse la reglamentación del subsector electricidad en el país se vulneraría derechos fundamentales de los pueblos indígenas establecidos, incluso, en convenios internacionales y, además, se realizaría un mayor daño ambiental, así lo advirtió el Coordinador del Programa Energía Sostenible de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR, César Gamboa.

Por Diario La Primera | 16 jul 2010 |    
Plantean actualizar normatividad eléctrica
Especialista César Gamboa propone proteger el medio ambiente y salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas.

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El acuerdo energético Perú-Brasil no garantiza energía limpia y renovable para el mercado nacional, además de ocasionar el desplazamiento de más de 18 mil pobladores indígenas de la Amazonía y la degradación de 700 mil hectáreas de bosque, advirtió el especialista José Serra, de la asociación ProNaturaleza

Recalcó que si el Perú quiere que el reciente acuerdo energético firmado por el gobierno con el Brasil beneficie a los peruanos, ello en un marco de promover la gobernabilidad y la observancia de estándares ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sostenible, es necesario modificar la normativa eléctrica del país.

Entre las normas que deben ser actualizadas se encuentra el Reglamento de Protección Ambiental en Actividades Eléctricas que data del año 1994, ya que no guarda concordancia con normas macro como son la Ley General del Ambiente y la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

En lo referido al aspecto social, dijo el especialista de DAR que “sólo para el caso de ´servidumbres´ está rigiendo un marco legal del año 1988, el cual no toma en cuenta el compromiso del Estado peruano por salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT”.

Además, Gamboa mencionó otros aspectos sociales como reubicaciones, desplazamientos forzados y compensaciones que deben ser considerados al momento de actualizar la normativa vigente.

Adicionalmente, según Gamboa, es necesario fortalecer la capacidad institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para que cuente con un plan adecuado para la supervisión y fiscalización de esta clase de proyectos.

Recordó que el acuerdo energético firmado por el Perú con Brasil, debe ser analizado y ratificado por el Congreso de la República antes de su entrada en vigencia, como ordenan los artículos 56 y 66 de la Constitución.

“En suma, el acuerdo presenta un reto para la gobernanza social y ambiental del país porque sería la primera experiencia del Estado peruano supervisando la construcción de grandes represas que desplazarían poblaciones e inundarían extensos territorios, por lo que nuestro marco legal necesita ser actualizado con los mejores estándares socio-ambientales”, enfatizó Gamboa.


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