Petróleo sangriento en la selva peruana

En la película “Petróleo Sangriento” que hizo ganar un Oscar a Daniel Day Lewis, se puede ver la manera como funciona el sistema de propiedad de la tierra en los Estados Unidos y las estrategias de los inversionistas del oro negro para apropiarse de las zonas donde se ubicaba el recurso y para ir expandiendo sus terrenos.

Por Diario La Primera | 18 jun 2009 |    
Petróleo sangriento en la selva peruana
Promotores de la actividad extractiva permiten desaprovechamiento de la selva.
Ejecutivo defiende normativa que, paradójicamente, no deja opción para que el Estado saque provecho de los recursos protegidos

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DETALLE

El discutido decreto legislativo 1090 no especificaba cómo delimitar la tierra y el territorio de las comunidades amazónicas.  Al no haber titulación, la posibilidad de tocar tierras nativas se convierte en un temor permanente, más aún cuando se otorgan derechos de exploración y extracción minera, petrolera o forestal, superponiéndose a las tierras comunales.

Lo que se aprecia ahí es que el que es dueño de la tierra, también lo es de los recursos que hay en su interior. Esto equivalía a decir que las primeras exploraciones debían hacerse en secreto para no notificar a los titulares y que luego había que encontrar la forma de engañar a los propietarios para que aceptasen vender el área agrícola, muchas veces de poco potencial productivo, sin saber de las riquezas que estaban concediendo. La historia de los pozos de California, Texas y otras partes de los Estados Unidos, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, es la de un inmenso cambio de titularidad sobre la tierra, muchas veces disfrazado de contratos libres, cuando en la base había un despojo.

En el Perú del siglo XXI rige otro principio. Según la Constitución fujimorista de 1993, las tierras de superficie se disocian de los productos del subsuelo que pueden ser denunciados por terceros ante el Estado y autorizados de exploración y explotación, a pesar de la existencia de derechos de propiedad. En teoría esta norma preserva la soberanía sobre recursos valiosos: hidrocarburos y minerales, que son de interés para toda la sociedad y que no se conocían cuando se transfirieron los terrenos. Hay que decir en teoría, porque según la misma Constitución, la soberanía se limita a las riquezas que no han sido denunciadas ni explotadas. Apenas alguien reclama la reserva y el Estado, a través del ministerio de Energía y Minas, consiente se establecen derechos que aparecen superpuestos a los del propietario original.

Por lo demás, la Constitución del 93, limita al Estado de intervenir en actividades económicas, aún en forma asociada (las empresas públicas que quedan son sólo sobrevivencias que no se han podido privatizar), por lo que no hay opción para que en forma directa o asociada, el Estado saque provecho del valor de los recursos protegidos. En realidad la puesta en operación de pozos petroleros, gasíferos o de vetas de minerales, se reduce al cobro de impuestos, donde también ha habido políticas de exoneraciones y privilegios que han mermado los ingresos públicos. También es cierto, finalmente, que los gobiernos sucesivos, especialmente desde 1990, han sido promotores de la actividad extractiva y han favorecido la expansión de las concesiones afectando territorios agrícolas y comunales, zonas de reserva natural, áreas de alta sensibilidad ecológica, etc.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación

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