No hay autoridad

El gobierno no dará marcha atrás en el proceso de cierre de la empresa Doe Run Perú debido a que ha incumplido las obligaciones decretadas en la Ley 29410, que establecía la reanudación de sus operaciones el pasado 27 de julio, señaló el premier, Javier Velásquez.

Por Diario La Primera | 04 ago 2010 |    
No hay autoridad
Premier dice que el gobierno no dará marcha atrás en proceso de cierre de minera Doe Run, sin embargo, ley ordena que cierre no es posible antes de marzo de 2012.

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DETALLE

De acuerdo al Decreto Supremo 075-2009-EM, que regula la Ley 29410, se establece que recién después de haberse vencido el segundo plazo de 20 meses, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) puede ordenar el cese parcial o total de las operaciones de Doe Run.

Sin embargo, de acuerdo a la mencionada norma, el Estado recién podrá cerrar la empresa dentro de 20 meses, es decir en marzo del 2012. Para esa fecha la minera debe cumplir con el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA). Por el momento la empresa sólo recibiría una sanción.

El jefe del Gabinete dijo que Doe Run Perú tuvo que reiniciar sus actividades el pasado 27 de julio y ello no se produjo, y tampoco ha presentado las garantías para proceder a sustentar la última etapa de su PAMA.

La empresa, explicó Velásquez Quesquén, no cuenta con una estructura financiera para el reinicio de sus actividades porque muchos de los proveedores no quieren participar de ese proceso, y frente a este escenario el gobierno no podía avalar la reapertura de Doe Run Perú.

“En el Perú, la inversión extranjera y la nacional tienen el mismo tratamiento, nadie tiene corona. Ya estamos en el procedimiento administrativo pero no queremos precipitar etapas y plazos, para evitar que esto sea utilizado por la empresa para llevarnos a la jurisdicción internacional, donde el Estado podría ser pasible de indemnizaciones injustas”, manifestó.

En ese sentido, precisó que el gobierno no accederá a ninguna de las condiciones demandadas por esta empresa para reanudar sus actividades como la reducción de los estándares medio ambientales, flexibilización del pago de sus obligaciones tributarias y la anulación de multas.

Explicó que estos pedidos trasgreden el ordenamiento jurídico.

“El gobierno no da marcha atrás. Estamos cumpliendo con todos los procedimientos que la ley establece”, declaró.


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