Medidas engañosas

Según CooperAcción las protestas en Puno evidencian que los mecanismos estatales de concesión minera están agotados y advirtió que la solución dada por el Ejecutivo permite que empresa privada enjuicie al Estado ante tribunales internacionales.

Por Diario La Primera | 02 jul 2011 |    
Medidas engañosas

Para la organización no gubernamental CooperAcción la protesta de la población puneña en rechazo a la actividad minera marca un punto de quiebre en evolución de los conflictos vinculados a la extracción de minerales y, principalmente muestra un tema de fondo que nunca fue identificado como un aspecto prioritario por este gobierno como que los mecanismos estatales vigentes de entrega de concesiones mineras parecen agotados.

“Las decisiones se toman en Lima sin ningún tipo de interacción con las instancias regionales y sin considerar los procesos económicos y de planificación territorial”, consideraron las especialistas de CooperAcción, Giselle Salazar y Emma Gómez. La política nacional de otorgamiento de concesiones mineras no se rige bajo fundamentos técnicos que determinen por ejemplo si en el área otorgada en concesión existen fuentes de agua, ecosistemas que deberían ser preservados de manera especial o alguna población asentada. Las concesiones mineras se entregan sin realizar casi ningún análisis previo y sin información adecuada para las autoridades locales y a la población, añadieron.

Norma ambigua
Un segundo tema que preocupa a Salazar y Gómez es la producción de un número de importante de normas por parte del Ejecutivo -5 normas en un solo día, sábado 25 de junio- con el fin de poner fin a la protesta pero que pueden acarrear futuros problemas para el Estado.

En esa línea, cuestionaron el Decreto Supremo Nº 032-2011-EM., que deroga el Decreto Supremo N° 083-2007- EM mediante el cual la empresa canadiense Bear Creek Mining Company, titular del proyecto Santa Ana, tenía la concesión del proyecto en la zona de frontera.

“La norma no precisa cuáles con las condiciones que han modificado la situación actual de estas concesiones y solo se limita a indicar que ´ante estas nuevas circunstancias, se hace necesario dictar el acto correspondient´ y por lo tanto deroga el D.S 083-2007-EM, por lo que Bear Creek Mining Company Surcursal del Perú ha perdido su derecho a operar en zona de frontera y se ve imposibilitado a seguir desarrollando el proyecto Santa Ana”, indicó.

Podrían enjuiciar al Estado
En opinión de las especialistas un decisión de esta naturaleza –como la tomada por el Ejecutivo mediante el D.S. 032- abre la posibilidad de que Bear Creek, pueda accionar ante las instancias nacionales e internacionales e inclusive lleve al Estado peruano a un arbitraje internacional, en el marco del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá.

“Las condiciones están dadas: el gobierno ha adoptado una medida que afecta los intereses de la referida empresa y que además, no tiene un sustento jurídico adecuado: el Decreto Supremo en ningún momento fundamente de manera clara las razones que motivan la derogación de la norma que autorizó el otorgamiento de los derechos mineros en zona de frontera. Ello podría ser interpretado como una medida de expropiación indirecta y la empresa podría solicitar una fuerte indemnización”, dijeron. Ahora la minera canadiense Bear Creek acaba de señalar que tomará todas las acciones legales posibles si el proyecto es “anulado o suspendido” y que recurrirá al TLC entre el Perú y Canadá para defender la inversión y continuidad del proyecto minero Santa Ana

Sin mayores avances
Otro de las normas emitidas por el Ejecutivo el pasado 25 de junio, es el D.S. N° 034-2011-EM mediante el cual se establece que para realizar actividades mineras o petroleras y explotación en el departamento de Puno, previamente debe realizarse el Proceso de Consulta en el marco del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y la Ley N° 24656 – Ley de Comunidades Campesinas.

No obstante, para Salazar y Gómez esto no es así. “En la práctica lo que la norma hace es reconocer lo ya establecido por el Convenio 169 y que es de obligatorio cumplimiento por parte del Estado peruano desde la ratificación del mismo en el año 1993 (pero que se ha venido vulnerando de manera sistemática). Justamente la norma en cuestión deja en evidencia las deficiencias del actual sistema en el que las empresas que obtienen una concesión, obtienen de manera automática el derecho a explorar y explotar”, concluyen.

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