Ley concursal para Doe Run y Panamericana TV

Un comunicado público de la cuestionada empresa Doe Run nos ha entregado, finalmente, la razón sobre los alcances del proyecto de ley 03368, la llamada Ley de procedimiento concursal especial, que inconstitucionalmente pretende legislar con nombre propio para el caso de esta empresa y de Panamericana Televisión.

| 14 julio 2009 12:07 AM | Economía | 2.5k Lecturas
Ley concursal para Doe Run y Panamericana TV
Iniciativa legal buscaría favorecer a dichas empresas bajo la fachada de ayudar a los trabajadores.
Confirmado. Proyecto de Ley 03368 promovido por el Ejecutivo pretende legislar en caso de Doe Run y Panamericana Televisión.

Más datos

DETALLE

El proyecto de ley 03368 que modifica el sistema de procesos concursales (reestructuración empresarial) controlado por Indecopi permanece en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso, esperando ser debatido.
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La intención de la norma, que se encuentra en trámite de “urgencia” dentro del Congreso, pretende incidir en una aceleración de las declaratorias de insolvencia de unidades económicas de mayor magnitud (deudoras de más de 15 mil UIT o 53 millones de soles), que podrían ser sometidas a este proceso por deudas vencidas de más de tres meses, y por iniciativa de uno o más acreedores, o en su defecto de uno o más trabajadores, así no fuesen acreedores de la empresa.

Evidentemente, el gobierno está jugando con la desinformación de la población sobre los llamados procedimientos concursales a cargo de Indecopi, que en buena cuenta implican que la empresa que no paga sus deudas ingresa a un sistema de intervención por parte de los acreedores, quienes bajo la conducción del Estado constituyen una junta que puede decidir una nueva administración con el objeto de garantizar la continuidad del negocio y la recuperación de los créditos. El “procedimiento especial” consiste en que se modifica el marco legal para aumentar el poder de decisión del o los deudores principales (como puede ser la SUNAT), se acorta el período de atraso en las deudas de manera de apurar la intervención, y se crea un poder discrecional para que los trabajadores individuales, no sus organizaciones, puedan pedir la insolvencia por su cuenta, declarando que las deudas de su principal amenazan sus puestos de trabajo.

Indudablemente se trata de un proyecto armado para los casos más recientes y sonados de problemas empresariales como los de Doe Run, donde se ha planteado una relación tensa con los acreedores y el Estado, y los trabajadores han reaccionado al riesgo del cierre. El Estado estaría recurriendo en esta situación, no a reclamar a la empresa por sus incumplimientos frente al contrato de privatización y el PAMA, sino a ver la manera de poner la empresa en una junta administrativa avalada por los acreedores y los trabajadores, una especie de cambio de gerencia, con el gobierno lavándose las manos. Otro problema distinto es el de Panamericana, en el que la administración acaba de ser cambiada por decisión judicial y hay una deuda exigible de 38 millones con la SUNAT y otra más difusa y discutible que sobrepasa los 100 millones. Con la ley que se prepara se podría interpretar que a la SUNAT le bastaría declarar que ya tiene 53 millones de acreencia vencida para pedir la insolvencia y una nueva administración.

Por esta vía se estaría volviendo al escenario de comienzos de junio, cuando el gobierno se valió de la SUNAT y de los señores Velarde y Cabello, para asaltar un canal de televisión al que le tienen echado el ojo con vistas a las próximas campañas electorales de 2010 y 2011.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación

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