Empresas juzgadas

La empresa trasnacional Bayer, la agroindustrial Camposol, La minera Majaz, y el Banco HSBC serán acusadas ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), instancia moral y que tendrá lugar en Lima durante la cumbre de la sociedad civil "Enlazando Alternativas", por malas prácticas empresariales, las que en muchos casos atentan contra los derechos humanos de los trabajadores en América Latina

Por Diario La Primera | 09 may 2008 |    
Empresas juzgadas
Empresas olvidan responsabilidad social empresarial para con los pueblos.
Tribunal Permanente de los Pueblos que se desarrollará en Lima denunciará malas prácticas de Majaz y Bayer.

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DATO

Es objetivo del Tribunal Permanente de los Pueblos  juzgar desde la fuerza de los testimonios, de sus víctimas, a las empresas, instituciones y cualquier grupo de interés involucrado en el fomento de los derechos de los pueblos.

De esta manera, la Red Biregional Europa-América Latina y el Caribe “Enlazando Alternativas”, junto a una serie de organizaciones sociales, pondrá este tema en agenda durante esta cumbre, que se realizará en paralelo a la 5 ª Cumbre UE-ALC de Jefes de Estado.

Bayer es acusada por el caso de la muerte de 44 niños de la comunidad de Taucamarca, en Cusco, quienes consumieron un desayuno contaminado por el plaguicida Parathion en 1999, que Bayer importó al Perú para comercializarlo específicamente a cultivos andinos de pequeños y medianos agricultores. Este plaguicida había sido prohibido en 1998.

Por su parte, la agroindustrial Camposol, de la empresa Dyer Coriat, está acusada de vulnerar los derechos laborales de cientos de peruanos. Luego de la desregulación laboral, por parte del gobierno peruano, a través de la ley de Promoción Agraria, la agroindustrial Camposol emprendió un régimen de represión a los trabajadores interesados en formar un sindicato.

Luego de una ardua lucha que terminó con el secuestro de cuatro trabajadores, se pudo formar el sindicato. No obstante, en el 2007, la gerencia de Camposol despidió a 385 trabajadores. El 80% de los despedidos estaba afiliado al sindicato.


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