Diversificación productiva e inclusión social

La supuesta oposición entre la libertad y la igualdad es parte del discurso polarizador patrocinado por la oligarquía de nuestro país. La derecha liberal se considera el adalid de la libertad y utiliza el argumento de «igualdad ante la ley» como criterio de existencia de la libertad. En el plan LGT no hay oposición entre la libertad y la igualdad. No hay libertad si no hay condiciones materiales para que ella exista; por lo tanto, se hace énfasis en la generación de estas condiciones. El fortalecimiento de la democracia y la vigencia de la libertad, son sus objetivos.

| 23 marzo 2013 12:03 AM | Economía | 3.1k Lecturas
Diversificación productiva e inclusión social
Notas para leer el Plan La Gran Transformación (Final):

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Para pasar de la especialización primario exportadora a la industrialización y diversificación productiva, según el plan LGT, primero se tiene que «recuperar nuestro derecho preferencial a la gestión, explotación y usufructo de los recursos naturales del país, en especial de las fuentes de energía. Una nación que no controla sus fuentes de energía, no controla su futuro».

En el plan LGT se plantea luchar contra la pobreza y, en general, contra la precarización de las condiciones materiales de existencia de las grandes mayorías, pero, también, contra las asimetrías de poder económico.
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Transformar el Estado es una apuesta por la libertad
Las políticas de desregulación de los mercados han reducido el espacio de las políticas públicas y con ello el ejercicio de la libertad. La concentración de la riqueza en pocas manos y la creciente desigualdad en la distribución funcional de los ingresos, limitan la libertad porque generan pobreza y exclusión. La precarización del empleo y de los ingresos, las pensiones de jubilación inciertas, la privatización de los servicios públicos, el deterioro de los servicios de educación y salud, el estancamiento de los salarios reales y el subempleo, han deteriorado las condiciones materiales de existencia de las grandes mayorías y, con ello, su independencia y libertad. Los que menos tienen o no tienen nada, pierden autoestima y autonomía, y su existencia material depende del arbitrio del Estado neoliberal y de su capacidad de financiamiento de las políticas sociales.

El Estado neoliberal ha perdido soberanía frente a los grupos de poder económico. Su afán por atraer inversiones extranjeras le impide reformar el sistema tributario para hacerlo más progresivo y le obliga a promover «la desnacionalización de los recursos con concesiones que afectan al interés nacional y sin rigurosos estudios de impacto ambiental de las inversiones mineras». Así, el Estado neoliberal conspira contra la libertad de los ciudadanos y aplica políticas sociales solo como mecanismo de atenuación de los conflictos y de compensación de los costos sociales que genera. Transformar el Estado neoliberal es también, por eso, una apuesta por la inclusión y, por lo tanto, la libertad.

En el plan LGT se plantea luchar contra la pobreza y, en general, contra la precarización de las condiciones materiales de existencia de las grandes mayorías, pero, también, contra las asimetrías de poder económico. La concentración de este poder en pocas manos, constituye una auténtica amenaza a la libertad y a la democracia republicana. Con este fin se propone, en primer lugar, transformar al Estado para hacerlo «promotor del desarrollo, regulador de la economía y proveedor de servicios sociales básicos (educación, salud, justicia, seguridad social, agua y desagüe), con políticas públicas que tengan alcance universal»; y, en segundo lugar, cambiar el actual modelo económico rentista y primario exportador.

De la especialización productiva a la diversificación
El neoliberalismo, además de reducir el espacio de las políticas públicas, ha propiciado el dominio del capital transnacional orientado principalmente a la explotación de los recursos minerales y energéticos con mercados externos relativamente seguros, y hacia actividades de servicios de alta tecnología con mercados internos cautivos (como la telefonía). El resultado ha sido la consolidación de un modelo económico rentista, primario exportador, y el descuido del desarrollo de la agricultura y de la industria manufacturera.

Para pasar de la especialización primario exportadora a la industrialización y diversificación productiva, según el plan LGT, primero se tiene que «recuperar nuestro derecho preferencial a la gestión, explotación y usufructo de los recursos naturales del país, en especial de las fuentes de energía. Una nación que no controla sus fuentes de energía, no controla su futuro». Esta es la condición necesaria para la diversificación productiva, es decir, para iniciar el proceso de crecimiento económico diversificado, liderado por la industria manufacturera y la agricultura, sectores sin los cuales es imposible generar y multiplicar puestos de trabajo estables y con ingresos dignos.

La industrialización y diversificación productiva es un proceso que acompaña a la expansión de los mercados internos mediante inversiones en infraestructura, en educación y capacitación, en ciencia y tecnología, y con el desarrollo del mercado de capitales en soles para financiar las inversiones privadas nacionales. Como se dice en el plan LGT, «el trato prioritario a la inversión privada nacional y un Estado promotor del desarrollo y regulador de la economía constituyen la base para institucionalizar el circuito nacional de generación de demanda e ingresos». Todo esto, sin embargo, supone cambiar de raíz las instituciones políticas extractivistas que son las que conspiran contra el desarrollo inclusivo y la libertad republicana.

A modo de conclusión
La intervención del Estado invirtiendo en infraestructura, definiendo políticas de ciencia y tecnología, regulando los mercados, controlando el flujo de capitales para asegurar un tipo de cambio estable y competitivo, financiando servicios sociales universales, etc., no tiene por qué afectar la libertad de los ciudadanos. La democracia republicana que se propone en el plan LGT no solo garantiza esta libertad, sino también la existencia de mecanismos de participación de los ciudadanos en las decisiones del Estado.


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