Continúan las críticas

El congresista Juvenal Ordóñez reafirmó ayer que hay muchas irregularidades en el proceso de privatización de los aeropuertos regionales, en las que destaca la ausencia de estudios definitivos para determinar el impacto que traería consigo la concesión de estos aeropuertos, y confirmó que una comisión multipartidaria pedirá al Ministerio de Economía la suspensión de este proceso por un lapso mínimo de 60 días.

| 14 noviembre 2009 12:11 AM | Economía | 531 Lecturas
Continúan las críticas
Debió consultarse con los gobiernos regionales afectados.
Congresistas piden al MEF suspender entrega de aeropuertos en vista de grandes irregularidades.

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DETALLE

Entre los ocho postores precalificados para pretender obtener la Buena Pro de los aeropuertos del sur del país (Andahuaylas- Apurímac- Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna) figuran: Cosapi, Andino Inversiones Portuarias y el consorcio Talma-Iksa, además de las colombianas Conconcreto y Consorcios Aeropuertos del Sur 1, entre otros.
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“El proceso de licitación se inició sin que se hayan culminado los proyectos de factibilidad, además, que no se han planteado las condiciones para que al término del periodo de concesión, los empresarios garanticen la devolución de terminales modernos y competitivos”, manifestó

Ordóñez además afirmó que esta concesión no ha sido consultada a los gobiernos regionales ni locales ni está articulada a sus planes de desarrollo, por lo que planteó, a fin de evitar que sean fuente de nuevos conflictos sociales, la realización de una reunión de presidentes regionales, alcaldes y congresistas de cada zona con funcionarios de Proinversión.

Por su parte, la congresista Susana Vilca también demandó paralizar el plan de concesión, al haberse hecho a espaldas de los intereses de la población. “Consideramos que el proceso debe realizarse en concordancia con los planes y objetivos de desarrollo de cada región involucrada, por ello es necesario que Proinversión se reúna con los presidentes regionales, alcaldes provinciales y congresistas de cada zona para encontrar consenso y no sea fuente de conflictos sociales”, señaló la representante de dicho subgrupo de trabajo.

En ese sentido, resaltó que ante la falta de mejorar la calidad de servicios y la infraestructura del transporte aéreo, el gobierno se lava las manos y prefiere apelar a un discutido proceso de “promoción de la inversión privada” que se inició el 2001 con la entrega del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez al consorcio Lima Airports Partners (LAP).


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