Breve

La norma no promociona el empleo, ya que el efecto final será la pérdida de miles de puestos de trabajo de pescadores, como ya está ocurriendo. Daña la competitividad en vez de impulsarla y no mejora la gestión ambiental, aunque se declare lo contrario. Todo esto lleva a la conclusión de que hay inconstitucionalidad porque el DL 1084 está fuera de las facultades otorgadas.

Por Diario La Primera | 01 jul 2009 |    

 

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