Basta de chantajes

Decisión debe ser tomada ya. El otorgamiento por parte del Estado a minera Doe Run Perú, que maneja el complejo metalúrgico de La Oroya, de una nueva ampliación en el plazo para cumplir el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), constituiría una muestra de debilidad frente a una empresa que viene incumpliendo sistemáticamente con sus compromisos y obligaciones.

| 17 julio 2009 12:07 AM | Economía | 510 Lecturas
Basta de chantajes
Minera utiliza ahora la presión social para seguir incumpliendo.
El gobierno ya no puede seguir aplazando decisión sobre Doe Run. Piden no caer en juego de la empresa.

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Para el ministerio de Energía y Minas,  la empresa debe aportar por lo menos 100 millones de los 150 millones de dólares que se necesitan para cumplir con el PAMA. Sin embargo, la empresa sólo ha prometido 38 millones, que no son aporte fresco sino que provienen de cartas de garantía del Estado y devolución del Impuesto a la Renta (20 millones).
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En ese sentido, el analista en temas mineros, Epifanio Baca, sostuvo que la posición de la empresa es inaceptable e instó al gobierno a no dar su brazo a torcer frente a las pretensiones de la minera, ya que, de hacerlo, se sometería a los caprichos de la misma.

“Sabemos perfectamente que la empresa tiene dinero, pues su propietario es un millonario internacional (Ira Rennert). Por ello, ofrecer tal monto, es una cosa inaceptable a la que el Estado no debe prestarse. Asimismo, no se deben aceptar más prórrogas en el tema del PAMA”, manifestó.

Baca criticó que el gobierno caiga en el juego de la empresa, la que alegando problemas financieros no cumple sus compromisos, y deja que vaya pasando el tiempo para luego anunciar que no pueden cumplirse los plazos establecidos. “Lamentablemente el estado cae en el juego por la presión social, ya que una medida contundente podría acarrear protestas de los trabajadores. Y es que la situación de miles de ellos es delicada, y la empresa se vale de ella para pretender que el Estado la auxilie”, manifestó.

Finalmente, reiteró que el gobierno no puede tener miramientos para con una empresa que está desacreditada tanto por los sectores empresariales, como por la opinión pública y las organizaciones ambientales. “Tanto los sectores críticos como sus mismos socios mineros han coincidido en que la empresa incumple sus obligaciones. Es por ello que el Estado no puede aceptar nuevas presiones o pedidos de ésta. Tiene que tomar una decisión ya”, sostuvo.

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