Alan García deja una herencia negativa

En las últimas semanas el partido del electo presidente Gana Perú ha presentado una serie de informes balance de los diferentes sectores de la gestión actual, así, lejos de lo afirmado por los funcionarios de la administración aprista quienes aseguran que dejan una economía saneada, con superávit fiscal y con mucho dinero en la caja fiscal, los reportes presentados por los nacionalistas dicen lo contrario y advierten de cuantiosos compromisos fiscales que están asumiendo. Un primer ejemplo es que en los últimos cinco años el gasto en planillas se incrementó en 43%.

| 23 julio 2011 12:07 AM | Economía | 5.2k Lecturas
Alan García deja una herencia negativa
En educación seguimos siendo penúltimos en América Latina, pero el gobierno cree que ha hecho una revolución educativa.
BALANCE NEGATIVO DE SU GESTIÓN

Más datos

Gana Perú afirmó que en referencia al presupuesto de la República, el monto asignado a Educación ha disminuido del 20% a inicios del gobierno aprista (2006) a 16% el año 2011.

A pesar de haber una sobre población de reos (alcanzan los 47,726) que involucra un gasto al presupuesto nacional, solo 17, 653 trabajan, mientras que los internos que no laboran son más del 50% (30,073).
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Así Gana Perú advirtió que el 2006, año en que el presidente Alan García asumió la administración del país, el gasto total en servidores públicos sumaba S/. 16 mil 409 millones y solo al 2010 estos gastos alcanzaron los S/. 23 mil 392 millones. Este reporte no consideró las últimas contrataciones que –según denunciaron los representantes de Gana Perú- vienen haciendo la actual administración.

Detalló que en junio de 2006 los trabajadores en EsSalud alcanzaban los 35,210 empleados (2,286 que laboran en la sede central y 32,924 que prestan sus servicios en las redes asistenciales). Al revisar el número de personal a mayo de 2011, se observa que la actual administración aprista ha contratado 9,921 trabajadores más.

Es decir, el personal de EsSalud pasó de 35,210 (junio 2006) a 45,131 (mayo 2011).

Inminente desaceleración
A pesar que la actual administración asegura que deja una economía saneada y en constante crecimiento, las cifras presentadas por el equipo económico de la comisión de transferencia de Gana Perú dicen lo contrario y advierten de una clara desaceleración de la economía.

En esa línea indicaron que al revisar las cifras desestacionalizadas del PBI se aprecia que al finalizar el pasado año la economía nacional crecía a una tasa de 10.2% del PBI, no obstante desde que se inició el 2011 dicha tasa viene en caída: enero (6.7% del PBI), febrero (4.1% del PBI), marzo (3.5% del PBI) y abril 4.3% del PBI).

Arbitrajes pendientes
El informe de Gana Perú no sólo advierte de un menor crecimiento de la economía o los mayores compromisos fiscales debido al incremento de los funcionarios, también hace hincapié en cuatro procesos activos de arbitraje internacional en contra del Estado.

Por ejemplo, cita la demanda que el Banco del Nuevo Mundo (Grupo Levy) contra el Estado debido a la disolución y liquidación de dicha entidad financiera, por ello la entidad privada ha demandado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) al país pidiendo una indemnización de US$ 2,000 millones.

Otro dolor de cabeza para el próximo gobierno representa la demanda realizada por Gremcitel por US$ 2,500 millones. La demanda que también es ante el CIADI fue interpuesta por Renee Rose Levy -quien también tiene en esta misma instancia una demanda contra el Estado peruano por US$ 2,000 millones por la disolución del Banco Nuevo Mundo-, el caso se presenta debido a que Levy afirma no pudo llevar a cabo un proyecto inmobiliario en un terreno ubicado en La Herradura (Chorrillos), que fue adquirido en 1995 a la municipalidad y que fue declarado intangible por “razones históricas” el 2007 por el Instituto Nacional de Cultura (INC), evitando la inversión.

A las demandas anteriores se suma la del ciudadano chino Tza Yap Shum. En este caso el inversionista extranjero, en el marco de una inversión realizada en el sector de exportación de harina de pescado, cuestionó el accionar de la Sunat en transgresión de estándares de protección a la inversión, contenidos en el Convenio Bilateral de Protección de Inversiones Perú – China. Está reclamando US$ 27 millones en daños y perjuicios. El caso está a la espera del Laudo Final.

A esta larga fila de arbitrajes internacionales se aúna, la del grupo Renco y su filial Doe Run Perú que piden una indemnización al Estado por US$ 1,000 millones debido –según afirma la firma estadounidense- al cierre arbitrario del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

La demanda de la minera tiene como base el TLC firmado entre el Perú y EE.UU, así aseguran que el gobierno peruano vulneró el artículo 10.5 del capítulo de inversiones del TLC Perú-EEUU. Alegan que recibieron un trato injusto respecto de la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Por último se encuentra la reciente demanda que DP World, empresa operadora del Muelle Sur, presentó ante el CIADI, en Washington, contra el Estado por incumplimientos en el contrato de concesión del referido puerto, generando así una competencia desleal.

Sin contar la última demanda de DP World, el próximo gobierno podría verse obligado a desembolsar US$ 5,527 millones sí el CIADI le da la razón a las empresas privadas que demandaron al Estado peruano.

Transportes y comunicaciones
La Comisión de Transferencia de Gana Perú del mencionado sector advirtió que el gobierno entrante recibirá como herencia una deuda de S/. 300 millones como indemnización a la empresa Lima Airport Partners (LAP) por incumplir el contrato de concesión del aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Y es que la administración de Alan García, no ha logrado sanear los terrenos aledaños al aeropuerto internacional Jorge Chávez, en donde debería haberse construido una segunda pista de aterrizaje, en un plazo máximo de 20 años contados desde la primera entrega de concesión (plazo que está próximo a cumplirse).

Sin embargo, estos no son los únicos problemas que se presentan en el sector. A raíz de la concesión del puerto del Callao, se pone en riesgo el funcionamiento de 11 terminales portuarios, ya que la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) conseguía recursos fiscales directamente del puerto chalaco, recursos de los que ahora ya no dispone.

Respecto al Tren eléctrico, el estado deja un subsidio de S/.86 millones, que la próxima administración deberá cancelar al concesionario.

Financiamiento para Agrobanco
La situación del sector agro, es similar. Así Gana Perú descubrió ciertas irregularidades en el mencionado sector.

El próximo gobierno deberá transferir S/. 100 millones al Ministerio de Agricultura, para el funcionamiento del Agrobanco, a pesar de que esa fue una promesa del gobierno de García.

La actual administración solo pudo ayudar a 2,700 agricultores, que representan el 5% del total que debe ser atendido.

Según el informe de Gana Perú, otra irregularidad que se presentó fue que en agosto del año 2010, el Minag firmó un convenio con el Consorcio Constructor Cahuide para rehabilitar su sede principal. Así se le entregó a esta empresa S/. 1 millón, dinero que no usó para la ejecución de ninguna obra, efectivo que aún no recupera el Estado.

Por otro lado, Gana Perú afirmó que el Minag ha comprado pesticidas por S/1.5 millones a pesar de contar con almacenes repletos de ese producto, generando gastos innecesarios a la caja fiscal.

Gana Perú cuestionó la labor del Ministerio de Ambiente respecto a los conflictos medioambientales originados, principalmente, por la entrega de concesiones de nuestros recursos naturales sin previa consulta a las poblaciones que serán afectadas.

Mala administración
El gobierno aprista inició el sector Cultura con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/.312 millones, no obstante a junio del presente año solo ejecutó el 24% del presupuesto. Así la actual administración elaboró el presupuesto anual 2012 planteando una reducción del 15% respecto a este año.

Según el informe de Gana Perú, el presupuesto ha sido desarticulado con una mala distribución de los ingresos, los que en su mayoría fueron destinados a la construcción del Gran Teatro Nacional, una iniciativa del presidente Alan García.

Así, mencionado proyecto tuvo un costo de casi S/. 273 millones (cinco veces más que el presupuesto de la construcción de la Biblioteca Nacional).

Pocos resultados con Justicia
Con un presupuesto de apenas 0.13% del total del presupuesto público para el 2011, los avances logrados en el sector Justicia son escasos.

Es así que según el informe de Gana Perú, el dinero que la corrupción robó en la década de los 90, alcanzó los US$ 6.000 millones; sin embargo hasta la fecha con la actual administración de García solo se recuperó el 3.09% del total.

Desaprueban educación
Para la comisión de Transferencia, la gestión saliente de García deja al sector Educación en una situación preocupante, ya que el presupuesto que destina a este sector es muy bajo.

Entre el 2006 y el 2011, el presupuesto del PBI para Educación disminuyó, pasando de 3.3% en el 2006 a 2.9% en el 2011, a pesar de que en América Latina el promedio es de 4.6% y que según el proyecto Educativo Nacional este debería alcanzar el 6% del PBI. Según un estudio realizado por la Dra. Betty Alvarado, la inversión anual Per cápita por alumno en las escuelas primarias con un solo docente, debe ser de S/. 3.100, para las escuelas multigrados de S/. 2.200, sin embargo el gobierno de García apenas invirtió S/. 1614 anuales en multigrados.

El informe reveló que en las zonas rurales sólo el 40% de niños recibe educación inicial, situación que se incrementó por no seguir las indicaciones de los organismos internacionales que recomiendan articular la educación con los programas sociales.

Frente a las afirmaciones sobre la erradicación del analfabetismo, los voceros de Gana Perú cuestionaron las cifras y afirmaron que el gobierno aprista no cuenta con un informe que respalde sus declaraciones.

Respecto a la implementación de la ley de Carrera Pública Magisterial (CPM), la primera vicepresidenta calificó como fracaso ya que sólo el 7% de los maestros a nivel nacional se ha incorporado, agregó que es un error en diseño y estrategia el Plan Piloto de Municipalización de la Educación.

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