Advierten cambios en actividad minera

Empresas del sector ya no están obligadas a lograr compromiso previo con comunidades de la zona para iniciar actividades, advierte organización no gubernamental CooperAcción.

Por Diario La Primera | 07 set 2010 |    
Advierten cambios en actividad minera
Increíble. Ahora las empresas mineras para iniciar operaciones sólo deberán presentar los planes y programas.

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DETALLE

En la práctica, la nueva norma flexibiliza la documentación requerida para el inicio de actividades mineras y el proceso administrativo que se requiere para que se otorgue el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
La organización No Gubernamental (ONG) CooperAcción advirtió que mediante el Decreto Supremo Nº 052-2010-EM, han sido modificados los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Decreto Supremo Nº 042-2003-EM, que establecían el compromiso previo, como requisito para el inicio de las actividades mineras en el país.

El artículo 3 de la norma modificada especificaba la forma en que el titular de la concesión minera debía cumplir con dicha obligación, la misma que se establecía al momento de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, advierten los especialistas de CoperAcción Emma Gomez y Giselle Salazar.

Lo que resulta cuestionable del nuevo decreto es que ahora sólo se le demandará al titular minero la presentación de planes, programas en los que se detallen los compromisos asumidos. No se les va a exigir, por ejemplo, la presentación de la documentación que “refleje” (tal como lo señalaba textualmente la norma derogada) estos compromisos, por ejemplo pueden ser los convenios, actas, u otros actos jurídicos vinculantes, cuestionaron los especialistas.

“Si bien dentro de los considerandos de la norma se señala textualmente que es necesario especificar en qué forma se traducen estos compromisos, resulta insuficiente que sólo se solicite la presentación de documentos, como pueden ser declaraciones juradas que no son vinculantes para las empresas y que no garantizan que los derechos de las comunidades sean respetados”, advierten.

Recalcan que una declaración jurada, “no es un instrumento idóneo” para evidenciar compromisos legítimos establecidos con las comunidades afectadas. Por ello, consideran, se debe tener el respaldo de instrumentos legales, como son los contratos, convenios, entre otros.

Además, se debe contar con actas de asamblea que puedan demostrar a la autoridad administrativa que los procesos y acuerdos se han llevado a cabo respetando el derecho a la consulta de las poblaciones involucradas.

“Si bien los principios que detallan la nueva norma responden a un enfoque de derecho, no son materia de exigibilidad. Se quedan en el terreno de las buenas intenciones, ya que el titular minero tendrá siempre la posibilidad de presentar un documento unilateral que es la declaración jurada”, cuestionan Gómez y Salazar.

Añaden que no se debe olvidar que otorgar una certificación ambiental como un EIA, es prácticamente la “puerta abierta” para el inicio de un proyecto minero. Por lo tanto, subrayan, dicho proceso debe garantizar los compromisos que deben asumir las empresas mineras así como propiciar que se minimicen los impactos ambientales de sus actividades. Estos compromisos son independientes de los procesos administrativos que deben seguir las empresas para obtener los permisos legales de los propietarios de los terrenos superficiales.


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