Acuerdo energético con Brasil no pasa a Congreso

Han transcurrido casi tres meses desde que el Presidente García y su homólogo brasileño Ignacio Lula Da Silva suscribieran un Acuerdo para establecer un marco legal que promueva el desarrollo de infraestructura en territorio peruano para exportar energía al Brasil. Hasta ahora dicho acuerdo que nos obliga por 50 años no ha sido debatido en el Parlamento Nacional.

Por Diario La Primera | 09 set 2010 |    
Acuerdo energético con Brasil no pasa a Congreso
Acuerdo energético firmado con Brasil es desfavorable para los intereses nacionales.

¿Cómo puede ser que un acuerdo cuyo objeto es establecer un marco legal para desarrollar infraestructura energética en la selva peruana para exportar al menos el 30% de la producción eléctrica al Brasil, no pase por un debate político y técnico que nos permita conocer a todos los peruanos en qué consiste este negocio, más allá de la imagen de asociarse con una potencia económica emergente?

Si el artículo 56 de la Constitución peruana es muy claro al definir que “(…) deben ser aprobados por el Congreso los tratados que (…) exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución”, entonces por qué el gobierno aprista no tiene la voluntad de aprobar este acuerdo en un debate parlamentario como lo manda la ley.

Para Antonio Zambrano, responsable del área de Integración Solidaria de la ONG Forum Solidaridad Perú, es fundamental que se discuta públicamente este acuerdo antes de su entrada en vigencia, porque además de que se van a construir por lo menos cinco grandes hidroeléctricas en la amazonía peruana (Inambari, Paquitzapango entre otras) que desplazaran a miles de pobladores, incluyendo pueblo indígenas como el Ashaninka y causando un grave impacto ambiental, es la primera vez en la historia del Perú que se pacta que nuestra seguridad energética debe ser definida no solo por nosotros, sino de manera conjunta con otro país.

Como señala Zambrano, el artículo 7 del Acuerdo Energético firmado con la República Federativa del Brasil, estipula que ni siquiera en casos de emergencia, el Perú puede disminuir unilateralmente la exportación de energía al Brasil. Este artículo señala que “en esta situación las Partes (ambos países) acordarán las condiciones temporales extraordinarias que se aplicaran (…), así como las compensaciones correspondientes”. Es decir, pase lo que pase en el Perú, no podremos ni siquiera suspender la exportación de electricidad al Brasil sin su consentimiento y aún así tendremos que pagar una reparación. Y encima, el tratado nos obliga a que conjuntamente con el Ministerio de Energía del Brasil definamos cuáles son las condiciones de lo que puede ser una emergencia.

Problemas de Soberanía
El primer artículo del pacto nos dice que es de interés de ambas naciones que el Perú exporte energía al Brasil para viabilizar la interconexión de los sistemas eléctricos de los dos países. Lo que en buena cuenta significa que Brasil requiere mucha energía para seguir creciendo y proyectarse como una potencia económica mundial. Lo que no queda claro es el beneficio para el Perú, y en primer lugar para las regiones de la amazonía peruana.

Lo más curioso es que no logramos descubrir cuál es el sentido de que con otro país definamos cuánta infraestructura necesitamos para atender nuestro mercado interno como señala el artículo 2 del pacto.

Siguiendo con la lectura del Tratado, el artículo 3, define el marco general por el cual se regula el desarrollo de infraestructura de generación hidroeléctrica ubicada en el territorio peruano (centrales de generación y líneas de transmisión - cables), estableciendo que:

- La capacidad acumulada de todas la centrales de generación que se puedan comprometer para la exportación al Brasil puede llegar hasta 7200 MW. Es decir, más de siete veces lo que produce la Central Hidroeléctrica del Mantaro, la mayor central existente hoy en el Perú.

- El Estado peruano debe definir la cantidad de potencia y energía eléctrica asociada por un periodo de treinta años para el mercado regulado peruano; luego, los titulares de los proyectos de las centrales de generación (en el caso de Inambari es el consorcio EGASUR, conformado por tres empresas brasileñas) determinarán la cantidad de potencia y energía eléctrica asociada para el mercado libre peruano; y finalmente se define el excedente de exportación, el mismo que se compromete a Brasil por un periodo de 30 años, además de que se le asegura al vecino país la construcción de líneas de transmisión para transportar efectivamente la energía (cables).

- Luego de 30 años desde el inicio de operaciones de cada central, éstas pasarán al Estado peruano. Pero claro, con una menor potencia debido al uso de tres décadas y con sedimentos acumulados en los ríos que pueden hacerla inútil al cabo de 30 o 40 años. Es decir, podríamos recibir centrales que no funcionan.

El pacto también incluye la posibilidad de que Brasil pueda revender la energía barata que obtiene del Perú si es que tiene un exceso de oferta (Artículo 6). Y en especial el Estado peruano se compromete a asegurar permanentemente un margen de reserva no menor de 30% de manera de disponer de una capacidad de generación para atender sus compromisos de exportación, además de su mercado interno. O sea que tendremos que preocuparnos ya no solo de nuestra propia seguridad energética sino además de la de Brasil (Artículo 8).

Del mismo modo, el acuerdo establece que tanto el Ministerio de Energía peruano como brasileño deben tramitar la aprobación de normas específicas que se requieran para implementar el acuerdo (Artículo 10). Eso ratifica la necesidad de que este convenio pase por la aprobación del Congreso peruano, sin embargo todo indica que va a ser aprobado por una norma administrativa que no requiere debate público. Sin embargo, el Congreso de Brasil sí discutirá y aprobará el acuerdo.

Finalmente, y para terminar este breve recuento de algunas preocupaciones que nos deja el Acuerdo para el suministro de electricidad al Perú y la Exportación de Excedentes al Brasil, tenemos que señalar una grave omisión. Solo se habla de respetar normas medio ambientales, incluso de Tratados Internacionales, pero no se dice una sola palabra del respeto por el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Y cómo sabemos, el pueblo Ashaninka, será desplazado una vez más de su territorio (la última vez fue desplazado debido a la guerra interna) sin consulta para construir la Central Hidroeléctrica de Paquitzapango en la selva central, lo que está derivando en acciones ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

Carlos Bedoya

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