Voto a favor del aborto terapéutico

NOVENTA AÑOS ESPERANDO LA APROBACIÒN DEL PROTOCOLO

Hace noventa años, en 1924, se despenalizó el aborto terapéutico y desde esa fecha ningún mandatario se atrevió a aprobar el Protocolo de procedimientos. El actual gobernante ofreció promulgar el reglamento pero todo indica que será otra promesa incumplida.

| 28 mayo 2014 09:05 PM | Crónica | 2.7k Lecturas
Voto a favor del aborto terapéutico
El aborto terapéutico
Por: Rosa Mavila León
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En Chile, a diferencia del Perú, todo tipo de aborto se encuentra prohibido, por esa razón se inició la polémica este 21 de mayo del presente año cuando la presidenta Michell Bachelet propuso ante el Congreso de su país la despenalización del aborto terapéutico; sin embargo, desde el aspecto fáctico tanto Chile como Perú viven la misma realidad ya que si bien en nuestro país el aborto terapéutico es legal desde hace 90 años, hasta la fecha no se aprueba el Protocolo o Guía de Aplicación Nacional del mismo, lo que no permite que los médicos practiquen esta intervención quirúrgica al no quedar establecido en qué casos de riesgo las mujeres puedan interrumpir el embarazo.

En nuestro país el aborto terapéutico fue despenalizado en el Código Penal de 1924, desde esa fecha nos han gobernado 23 presidentes, ninguno de ellos se atrevió a aprobar el Protocolo o Guía de esta modalidad de aborto. En la campaña para la presidencia del período 2011-2016 uno de los candidatos ofreció la promulgación inmediata del mencionado reglamento. Ese candidato que, ahora es el presidente del país, hasta la fecha no cumple con dicha promesa permitiendo que sigan muriendo mujeres por causa de esa omisión. El año 2013 fueron 97 las mujeres fallecidas por esta falta de decisión política.

Frente a la desidia del gobierno, instituciones especializadas de la salud como el Colegio Médico del Perú y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetras y Ginecólogos han exigido la promulgación del Protocolo del Aborto Terapéutico, hecho que al parecer obligó a la Ministra de Salud a anunciar, el 14 de marzo del presente año, en el Congreso de la República que durante este primer semestre se aprobaría dicho reglamento, habiendo ya pasado 83 días, ¿Cuántos más debemos esperar?, ¿Cuántas mujeres más deben estar en riesgo?.

Es necesario señalar que ese retraso injustificado no es gratuito, puesto que siempre ha bastado que algunas Organizaciones Religiosas muestren su negativa para que, como se aprecia desde el año 1924, el Protocolo no se apruebe. En este sentido, cabe recordar que, desde ya hace muchos años, nuestro Estado dejó de ser confesional y pasó a ser laico, esto quiere decir que el orden gubernamental es distinto de ideologías y creencias religiosas, no pudiendo estas influir en la aplicación de las políticas públicas.

Sin embargo, como se ha advertido, durante los últimos 90 años, la Iglesia Católica permanentemente ha intervenido para que el Protocolo no se apruebe, porque como lo dijeron los obispos del país “el Ministerio de Salud debería preocuparse por los verdaderos problemas de la salud pública y no por alterar la protección constitucional del concebido a través de una norma de menor rango”, es decir, para este grupo de ciudadanos las lesiones graves o la muerte que enfrentan un grupo de mujeres no constituyen un problema de salud pública. En virtud al status que les otorga la creencia, quieren argumentar que, tampoco es un problema de salud pública que, una menor de siglas L.C. de 13 años de edad haya quedado cuadripléjica porque algunos galenos se negaron a realizarle un aborto terapéutico, aún sabiendo que estaba en peligro su vida.

Quizás sea necesario que el Tribunal Constitucional peruano acorde con las tiempos, emita un pronunciamiento respecto a la no influencia que deben tener las organizaciones religiosas respecto a las políticas públicas, tal como lo hizo su homólogo español en la sentencia STC 24/1982 al señalar que “la Constitución proclama que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal e impide por ende (…) que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos”.

Desde una dimensión histórica, al no haber existido voluntad política de nuestros gobernantes de hacer cumplir la ley, el riesgo del retroceso neoconservador que pugnará por la criminalización de la madre que por vivir decida interrumpir su embarazo está siempre latente. Esperemos que esta vez la Ministra de Salud no deje que los Organismos Religiosos influyan en la definición de políticas de protección de la salud de las mujeres de nuestro país, estando por vencerse el plazo en el cual se comprometió a aprobar el protocolo y habiéndose solicitado inexplicablemente nuevas consultas a organismos que ya expresaron sus puntos de vista.

En estos temas tan trascendentes siempre está vigente la pregunta de nuestra recordada Giulia Tamayo: Si no se legisla sobre el cuerpo de los hombres: ¿Por qué legislar sobre el cuerpo de las mujeres?.

Rosa Mavila León

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Colaborador 9324 La Primera Digital