Una burla al país

El reporte de la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, titulado “El estado de la ciencia 2008” (www.ricyt.org), señala que el año pasado Argentina invirtió en actividades de investigación científica y desarrollo (I+D) 33.86 dólares por habitante; Cuba, con todas sus dificultades económicas, 22.82; Brasil, 77.39; España, 401.86; Estados Unidos, 1217.74 dólares. En lo que respecta a nuestro país, las últimas cifras registradas por el CONCYTEC (integrante de esa red), sintomáticamente corresponden a cinco años atrás, y dan cuenta de una inversión de apenas 3.69 dólares por habitante (0.15 del PBI), mientras ese mismo año la inversión chilena era casi once veces mayor que la nuestra: 40.06 dólares por habitante.

| 21 octubre 2009 12:10 AM | Columnistas y Colaboradores | 744 Lecturas
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Del total de la inversión mundial en I+D, 39% corresponde a Estados Unidos y Canadá, 30,5% a Europa y 26.8% al Asia, mientras toda América Latina y el Caribe participa sólo con el 1.9% (correspondiendo la mitad de ese volumen a Brasil y lo restante a México, Argentina y Chile, fundamentalmente).

Si tomamos en cuenta la relación directa que hay entre la capacidad de producir conocimiento científico tecnológico y la cuota de poder de los países en el mundo contemporáneo, nuestra posición es, ciertamente, para alarmarse. Más aún a la vista de la práctica ausencia de este tema en la agenda política gubernamental de las últimas tres décadas; precisamente aquellas en que se hace visible la intensa revolución tecnocientífica en curso, en cuya corriente se definen nuestras reales posibilidades de desarrollo.

En ese contexto, el reclamo de los docentes de las universidades públicas por mayor atención a ese sector, va más allá de la agenda estrictamente salarial, pues pone sobre la mesa un delicado tema nacional, al denunciar el abandono indolente en que el Estado mantiene a ese nivel educativo decisivo para el desarrollo nacional, tal como lo corroboran las cifras antes mencionadas.

Cabe notar que tanto el texto del Acuerdo Nacional, como el del Proyecto Educativo Nacional, elaborado por el Consejo Nacional de Educación, que Alan García suscribió a inicios de su actual gobierno, contienen compromisos específicos, con plazos y metas (todos ellos ignorados de inmediato) para incrementar paulatinamente el porcentaje del Presupuesto Nacional asignado al sector educativo, incluyendo una mayor atención a las universidades públicas. Esos compromisos no son arbitrarios; se definieron atendiendo a los intereses estratégicos del país y, por ello, fueron propuestos con pleno consenso de los expertos consultados. Su olvido es una cruel burla no sólo a los docentes universitarios, sino al país entero.


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Zenón Depaz Toledo

Opinión

Columnista