TLC, García y comunidades

Contra lo que afirma el gobierno, la rebelión de las comunidades nativas contra éste resulta perfectamente explicable, por:

Por Diario La Primera | 21 ago 2008 |    

1) Los decretos legislativos (DL) sobre el APC-TLC Perú-EE.UU. —en general— fueron expedidos sin consulta alguna con la sociedad, y varios de ellos vulneran a la Constitución.

2) Además, en el caso concreto de las comunidades campesinas y nativas se omitió la consulta estipulada en el vinculante Convenio 169 de la OIT.

3) El oficialismo no quiere difundir —ni siquiera explicar— los crípticos DL relacionados con el agro y las comunidades, en desacato de lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el evidente propósito de ocultar los “torpedos” que contienen aquéllos, hasta el momento de su aplicación.

4) El írrito DL 1015 (20 de mayo) decía que el destino de las tierras comunales sería decidido únicamente por el 50% de los comuneros que asistieran a las asambleas respectivas; no por el 51% o más de los comuneros hábiles, como se estila en cualquier club, sociedad mercantil o sucesión de herederos. Sólo ante la presión social, el régimen tuvo que corregir tal aberración por DL 1073 (28 de junio), para establecer que ello será determinado por el 50% del total de comuneros.

5) El Ministerio del Ambiente no tiene —efectivamente— facultades para negociar sobre los DL dados por el gobierno en conjunto; mucho menos cuando no conciernen a su sector, como en los casos de tierras y bosques, que dependen del Ministerio de Agricultura, y

6) El gobierno vigente ha ignorado absolutamente a las comunidades en la adopción de las grandes decisiones que las atañen, no obstante que éstas tienen mucho más derecho que cualquiera a ser consultadas, incluso por ser anteriores a la formación del Estado actual.

Por consiguiente, en vez de amenazar al Congreso por el supuesto “gravísimo error histórico” de corregir a los DL en cuestión, lo que el presidente Alan García debería hacer es enmendar los supinos yerros de su gobierno, para restablecer la paz social y preservar el Estado de Derecho en el país.


    Reynaldo Trinidad Ardiles

    Reynaldo Trinidad Ardiles

    Opinión

    Columnista