Tiempo de definiciones

Días difíciles para el país y para el gobierno de Humala. La conflictividad socioambiental viene desde siempre y permanecerá, lo importante es que no se convierta en ingobernabilidad. De ella dependen los logros en inclusión y progreso. Nada será posible con confrontaciones, radicalismos o represiones. Pero el diálogo con equilibrio en nuestra compleja realidad es más difícil y complicado, los egos se mezclan con los intereses económicos y políticos y nada es neutral, ni siquiera los estudios que se presumen científicos.

| 25 noviembre 2011 12:11 AM | Columnistas y Colaboradores | 1.1k Lecturas
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Lo grave es que todo contexto político es sospechoso. La política se ha vuelto negativa, los partidos políticos frágiles y debilitados no son la mejor vía para revisar la relación con el poder económico, tampoco lo son los medios de comunicación que se alinean y combaten. Requerimos de un líder que establezca prioridades y las ejecute con responsabilidad más allá del discurso.

La dicotomía agua versus oro es un falso dilema. A nadie escapa la dimensión vital y vivificadora del agua. Conga es emblemático pero el estudio de impacto ambiental no es creíble para la población. Hay desconfianza hacia las mineras y con razón y la hay asimismo respecto de los políticos y con razón.

El comportamiento vacilante y temeroso de nuestros políticos respecto de los poderosos intereses económicos en juego abona la desconfianza. El discurso sobre minería responsable y preservación y distribución del agua no puede quedar en discurso.

No es admisible oponerse a la actividad minera por capricho o interés político. Tampoco lo es dejar de escuchar a quienes defienden lagunas y microcuencas siendo evidente que sufrirán daños. El proyecto de asegurar el abastecimiento de agua con cuatro reservorios de agua que la acumulen no convence frente a lo que son las lagunas naturales. Un nuevo estudio imparcial e independiente, agregado a la opinión del MINAM, es indispensable.

Conga no es lo único que está en cuestión, el trato que se le dé permitirá ver la política del gobierno frente a la minería y cuán responsable podrá ser. Y constatar si el diálogo funciona, si la materia prima indispensable es la materia gris de políticos, empresarios y líderes populares en la búsqueda de la difícil convergencia de intereses, reduciendo en lo posible la negatividad de posiciones opuestas a partir de las consecuencias ecológicas y sociales de afectar las fuentes naturales de agua. Como fondo está la urgencia de una zonificación ecológica y económica que establezca dónde puede haber minería y dónde no, pero pronto y no a largo plazo.

La inversión minera es muy importante y debería darse sin afectar los recursos para agricultura y ganadería. No es una opción descalificar la protesta, menos aún lo es la represión. La conflictividad exige una institucionalidad ad hoc, intersectorial, de prevención y modificación de conflictos.

La participación y consulta a la población exige interlocutores sociales capaces, que no bloqueen iniciativas de desarrollo y que entiendan que sin actividad minera habrá menos recursos para la inclusión social.

Garantías para uno y otro sector, equilibrio y negociación toman tiempo. El gobierno no debería precipitarse a avales que pueden generar ingobernabilidad. La política es el arte de convencer y ganar confianza. Los beneficios de proyectos mineros deben ser suficientes para compensar los costos y el Estado juega en todo esto un rol fundamental e irremplazable.

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