Si son empresas, que tributen como tales

Por iniciativa del Ejecutivo, el Congreso deberá discutir si un descuento tributario efectuado desde 1997 a instituciones educativas con fines de lucro, por el que se ha dejado de recaudar más de 150 millones, se considerará válido aún después de caducada su vigencia.

 

| 01 noviembre 2011 12:11 AM | Columnistas y Colaboradores | 1.2k Lecturas
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Esta insólita situación, deriva de los intereses de Alan García y su socio y ministro de Educación, José Chang, en el ámbito de la universidad privada, pues tal beneficio se otorgó a través de la Ley 29766, emitida -¡vaya premura!- por García el 23 de julio de este año, faltando cinco días para que dejara el gobierno. Allí, con el pretexto de “aclarar” el Artículo 2° del DL 1087, promulgado antes por el mismo García, que nada tiene que ver con este tema, se otorga este “incentivo” a cambio de que ese tipo de instituciones (entre ellas las de la dupla García-Chang) inviertan sus ganancias en acrecentar su propio capital (¡?).

Este aquelarre legal tiene como soporte el DL 882, emitido por Fujimori el año 1996, que abre la posibilidad de crear universidades “con fines de lucro”. No es casual, por tanto, que sean los dueños de este tipo de universidades los que han pegado el grito al cielo, presionando con todos los medios de que disponen, que no son pocos: Ni siquiera la banca tiene la representación política directa alcanzada por los dueños de esas universidades.

La revista Semana Económica muestra en su portada del 16 de octubre un otorongo con curul, para referirse, en un artículo titulado “Los zares de la educación”, no sólo a las fabulosas ganancias de este sector, sino a su presencia directa en el Congreso, incluyendo la Comisión de Educación, sin cuidado alguno del conflicto de intereses que ello representa.

Durante la anterior campaña presidencial, tan sólo la familia Acuña Peralta, propietaria de cuatro universidades, con decenas de filiales y cientos de “programas descentralizados”, que igual otorgan grados y títulos al granel, financió hasta dos opciones presidenciales: la de Castañeda y la de PPK, poniendo a su disposición una logística que incluía flotas de vehículos y prensa, comprada con aquella exoneración tributaria. Las aspiraciones presidenciales de César Acuña son declaradas. Otra “universidad” (Alas Peruanas), que funciona en virtud a una acción judicial que la ampara como “empresa”, tiene flotas de avionetas, estaciones radiales y televisivas, grifos, etc., con capital acumulado del mismo modo: haciendo leña con la calidad académica. Si legalmente son empresas y obtienen todos los beneficios que esa condición les otorga (negados para la universidad pública), ¿por qué no deben pagar los impuestos que paga toda empresa?


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Zenón Depaz Toledo

Opinión

Columnista