Revocatoria nada democrática

Nuestra ciudad está siendo conducida a una situación de inestabilidad, no solo por la violencia demencial desatada por quienes se resisten al cambio que necesita Lima, sino también por el proceso de revocatoria, lleno de irregularidades y de oscura inspiración, que aprovecha las fisuras y debilidades de la legalidad democrática, para servir a intereses ajenos o, peor aún, contrarios, al desarrollo, el progreso social y la convivencia civilizada que anhelan los limeños.

| 27 octubre 2012 12:10 AM | Columnistas y Colaboradores | 683 Lecturas
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Es deplorable la manera como hemos llegado virtualmente a las puertas de un proceso de revocatoria de dudosa legalidad, por haberse completado las firmas requeridas cuando el plazo legal ya se había vencido, respecto a lo cual el Jurado Nacional de Elecciones debe tomar una decisión apegada a la ley.

También es lamentable que otro vacío de la ley permita que ese proceso haya sido emprendido con una campaña indudablemente costosa –recordemos el audio en el que uno de los involucrados hasta calcula el costo por firma- de financiamiento desconocido, sin que se exija, como ocurre con las campañas electorales, información minuciosa sobre los fondos que solventan la recolección de firmas.

No dice mucho, por cierto, del civismo de importantes sectores de la sociedad, el que las firmas se obtengan a cambio de unos centavos o por regalos, como ha ocurrido en este caso, según lo ha comprobado la prensa que, por ejemplo, documentó cómo elementos contratados para recolectar firmas, entregaban paquetitos de galletas a quienes aceptaran suscribir los planillones de adherentes, sin que haya norma alguna que sancione esa innoble manera de comprar conciencias.

Podríamos extendernos por otra parte sobre las escasas exigencias establecidas para lograr que una autoridad municipal o regional sea sometida a una, además, costosa consulta ciudadana sobre su permanencia o retiro del cargo.

En síntesis, la revocatoria de autoridades de esos niveles, establecida con el plausible fin de que los electores puedan rectificar su decisión, se ha desvirtuado hasta el punto de atentar contra la voluntad popular. En los distritos, provincias y regiones del país, se ha convertido en una rutina perversa que, al día siguiente de las elecciones, los derrotados comiencen a preparar la campaña para revocador, muchas veces con la complicidad de todos los perdedores.

Ante esa realidad, la revocatoria ha dejado de tener sentido y debe eliminarse, por haberse convertido en un factor de inestabilidad y un instrumento de las intrigas y los apetitos desmedidos de poder, que desvirtúan a la democracia. Por lo demás, la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen facultades para investigar y sancionar a las autoridades, determinando su destitución.


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