Responsabilidad del gobierno en los sucesos de Bagua

Jesús Manacés Valverde y Carmen Gómez Calleja, acaban de entregar su ¨Informe de Minoría de la Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua¨. Con gran seriedad, documentan sus desacuerdos con la mayoría de esa Comisión, presentan un detallado y más completo recuento de los sucesos de Bagua, y ofrecen ricos materiales para entender mejor la problemática amazónica.

| 03 mayo 2010 12:05 AM | Columnistas y Colaboradores | 2k Lecturas
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Luego de una atenta lectura de sus 137 pp, queda claramente establecida la responsabilidad del gobierno para dar el primer paso en la confrontación a través de los policías armados con fusiles de guerra que mataron en la Curva del Diablo a indígenas desarmados, hecho que provocó la reacción indígena en la Estación 6 y la muerte de policías.

Cito a continuación tres textos de ese Informe de Minoría: 1. El gobierno peruano se colocó al margen del derecho internacional de los derechos humanos y así se lo han hecho saber los organismos supervisores del sistema. 2. La muerte de peruanos en un operativo equívoco, desproporcionado e improvisado, que pudo y debió evitarse y que de acuerdo al número de heridos de bala y al absoluto descontrol de la situación y a la confusión generada, pudo alcanzar las proporciones de una masacre de civiles y policías, ha generado secuelas que pueden elevar el nivel de tensión y conflictividad en la Amazonía peruana y en los territorios de asentamiento indígena en todo el país. Y, 3. El conflicto y su tratamiento posterior ha quebrado de manera profunda la confianza de los pueblos indígenas del Perú hacia el gobierno, generando resentimiento frente a la estrategia de confrontación del Estado (pp. 114-115)¨.

En la Curva del Diablo los policías obedecieron órdenes para actuar como si estuvieran en ¨una guerra contra terroristas¨, atacando a los indígenas amazónicos que no tenían ninguna arma de fuego, cuando el 4 de junio los dirigentes habían comunicado a los jefes policiales y del ejército que al día siguiente regresarían a sus comunidades. Con la cobardía oficial de siempre, nadie asume la responsabilidad de dar las órdenes para matar. La señora Cabanillas, entonces ministra del Interior y los jefes policiales se lavan las manos sobre la decisión que habría sido tomada por el presidente García con la venia o no del Consejo de ministros. Las decisiones no aparecen por encanto, las toman personas de carne y hueso y, otras, igualmente de carne y hueso, las esconden y hacen todo lo posible para que nadie vaya hasta el fondo y devele toda la verdad. Por eso de la ¨obediencia debida¨, o ley del silencio, los jefes militares ocultan la información que podría ser decisiva para establecer las responsabilidades. Jesús Manacés Valverde y Carmen Gómez Calleja cuentan que la señora Cabanillas informó que un técnico de primera de la policía murió en un helicóptero, muerte que no aparece en los registros policiales (p. 125). Hay sobre este punto un gran silencio oficial.

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Rodrigo Montoya Rojas

“Navegar Río Arriba”