Reforma magisterial: la agenda que se viene

El Congreso aprobó la Ley de Reforma Magisterial que se enviará al Ejecutivo para su promulgación. Ley clave que alude al actor central de una transformación educativa fue fruto de un proceso de negociación del Ministerio de Educación con el Ministerio de Economía en un contexto bastante difícil para la gobernabilidad educativa: reivindicación económica no satisfecha del magisterio, conflictos y divisiones del gremio docente y presión de fuerzas políticas retardatarias que ganan a río revuelto: el fujimorismo y el senderismo en todas sus variantes.

| 26 noviembre 2012 12:11 AM | Columnistas y Colaboradores | 951 Lecturas
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Por presión adicional de la Comisión de Educación del Congreso se logró abrir algo más los candados que pone el Ministerio de Economía, especialmente cuando se trata de “gasto corriente”, es decir salarios, es decir personas. Otra Mirada ya alertó sobre la excesiva preeminencia del Ministerio de Economía en decisiones presupuestales que socavan la agenda actual de inclusión. Esta requiere redistribución de los recursos del crecimiento a la vez que financiación de proyectos estratégicos para desarrollar la producción y el mercado interno. Es imprescindible invertir en las personas y en el desarrollo endógeno con valor agregado, superando el esquema extractivo de materias primas.

Como señalan diversos analistas la ley de reforma magisterial (inversión en personas) no es perfecta pero constituye un avance cuya viabilidad requiere condiciones de gobernabilidad. Esta a su vez precisa la forja de un contrato social entre Estado, maestros y sociedad. Hay que considerar que las distancias que existen aún son significativas, que el maestro se siente amenazado en lugar de revalorado y que los plazos de debate resultaron estrechos.

La ley unifica en un solo estatuto legal al conjunto del magisterio, superando un enorme desorden administrativo. Su orientación meritocrática estimula la mejora profesional en un horizonte de 8 niveles de carrera entre los cuales se establece una distancia salarial significativa que permite un progreso real del maestro que asciende. Reúne en un solo concepto bonificaciones que antes estaban fuera del salario y de la base pensionable. Hay puntos que debieron incorporarse como el de la bonificación para los maestros que incluyen a estudiantes con discapacidad y otros que pudieron mejorarse como el de la base pensionable, restricciones ambas que quizás obedezcan a criterios poco aceptables de “caja fiscal”. Está el tema de la base salarial, materia de otra necesaria negociación donde habiéndose dado un incremento importante, dada la inercia de precariedad, resulta aún insuficiente. Un asunto sensible es la estabilidad laboral y la situación de los maestros que resulten desaprobados: se plantea reconversión laboral vía Ministerio de Trabajo pero debe asegurarse viabilidad financiera. Lo que está pendiente es la formación docente: la otra cara de la moneda en una propuesta de revaloración de la profesión. Asunto difícil y espinoso es la evaluación de desempeño que suscita enorme desconfianza por los niveles de debilidad ética que tiene la institucionalidad pública.

Son cuestiones a solucionarse para hacer posible la gobernabilidad educativa. El esfuerzo que haga el Estado requiere como contraparte el de los maestros que siendo mejor remunerados, reconocidos y formados se comprometan a la buena docencia y apuesten por un país que crezca con ruta propia y capacidad de innovación.


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Teresa Tovar Samanez

A ojo de buen cubero

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