Redistribución y crecimiento económico

Lo más resaltante del discurso presidencial del 28 de julio fue su énfasis en las políticas sociales. La lista de los nuevos programas que comenzarán a implementarse es conocida, así como el fortalecimiento de otros existentes.

| 05 agosto 2011 12:08 AM | Columnistas y Colaboradores | 978 Lecturas
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También juega un papel importante el incremento del salario mínimo vital. Se trata de hacer justicia y contribuir a la inclusión económica y social. Es una deuda pendiente que tiene que comenzar a pagarse. No obstante esta perspectiva, todos estos programas también tendrían impactos positivos en la distribución del ingreso, aumento del consumo y la demanda, promoción de la inversión privada y en el crecimiento económico.

Los programas sociales que asignan ingresos o liberan recursos del gasto familiar para la atención de los adultos mayores, infantes o niños son una modalidad de redistribución del ingreso. En la práctica implican mayores ingresos y posibilidades de gasto para las familias de menores recursos. El mayor consumo e ingreso genera mayores niveles de demanda, que con la presencia de capacidad instalada ociosa, coadyuvarían al incremento de la producción. De igual manera, el aumento del salario mínimo implicaría mayor demanda de bienes y servicios de quienes perciben estos ingresos.

Sin embargo, la cuestión no solo queda allí, ya que los programas anteriores se financiarían de manera responsable. El mayor gasto público tendría su contrapartida en una mayor recaudación a través de la lucha contra la evasión fiscal, pero especialmente a través de los nuevos cobros a la minería. En este caso, la política tributaria redistribuiría ingresos de quienes tienen una baja propensión a consumir a las familias de menores ingresos que tienen una propensión más elevada, aumentando la propensión media a consumir de la sociedad. Para el mismo nivel de gasto autónomo, la demanda y producción serían mayores. Asimismo, con mayor demanda, los requerimientos futuros de inversión privada serían superiores a los actuales.

Las políticas de inclusión económica y social son positivas, más aún en circunstancias en que el crecimiento económico se ha desacelerado. Asimismo, no hay que olvidar que estas políticas contribuyen a mejorar el bienestar de la población y reducir la desigualdad que son buenas para la paz social. De esta forma, si se implementan estas propuestas, se avanzaría en contribuir a crear el clima adecuado para la inversión productiva. Por último, no hay que olvidar, como señaló Benedicto XVI, que el aumento sistémico de las desigualdades impacta negativamente en las relaciones de confianza, fiabilidad y respeto de las normas, que son indispensables en toda convivencia civil.


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Germán Alarco Tosoni

Opinión

Profesor Universidad del Pacífico