Reclusos no pueden ser torturados

El 08 de septiembre del 2009, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la resolución final dictada por la Primera Sala Penal Especializada para Reos Libres de Lima que confirmó, por unanimidad, la sentencia que declaró fundada una acción constitucional de habeas corpus contra el jefe de la División de Seguridad del Establecimiento Penitenciario “Piedras Gordas”, al haberse acreditado que un interno presenta huellas de maltratos físicos recientes durante su reclusión en una celda de castigo; y, se dispuso remitir copias certificadas al Ministerio Público, ya que hay indicios razonables de la comisión de un ilícito penal.

| 29 setiembre 2009 12:09 AM | Columnistas y Colaboradores | 584 Lecturas
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En dicho proceso constitucional existe el certificado médico legal Nº 021770, fechado 04 de abril del 2009, que demuestra que un recluso presenta “lesiones traumáticas, detallándose entre otras equimosis roja de siete por cuatro centímetros de cara anterior del muslo derecho tercio medio, equimosis roja verdosa de doce por cinco centímetros en cara anterior de muslo derecho tercio proximal, equimosis verdosa de diez por cinco centímetros en cara posterior de muslo izquierdo tercio proximal, lesiones que difícilmente podría haberse hecho el mismo interno en las zonas antes referidas”.

Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) llegaron al extremo inaceptable de aislarlo en el lugar denominado “el hueco”, expresando que le encontraron objetos prohibidos (teléfono celular) y como se negó a firmar un acta lo golpearon, siendo, posteriormente, maltratado con gas pimienta y cadenas; ítem más, tuvieron el cinismo de expresar ante el órgano jurisdiccional que el beneficiario se autolesionó para deslindar su responsabilidad y llamar la atención de las autoridades del Poder Judicial (PJ). La procuradora del Ministerio de Justicia, defensora de los intereses del Estado, fundamentó con frialdad su apelación, en el sentido que los internos tienen derecho a formular peticiones, quejas o denuncias ante la dirección del propio establecimiento penitenciario o Ministerio Público o Defensoría del Pueblo u organizaciones defensoras de los derechos humanos, mecanismos que no han sido utilizados por el favorecido, ya que lo único que se busca es suspender la sanción administrativa dispuesta por el Consejo Técnico Penitenciario.



Realmente increíble

Estamos ante una situación escalofriante; una horrenda violación a los derechos fundamentales. Los internos de cualquier prisión, procesados o condenados no pierden la condición de seres humanos. No pueden ser vejados, ni humillados, ni maltratados, ya que se provoca mayor violencia entre los reclusos. Esto demuestra, también, que el habeas corpus es el instrumento indicado para la protección de los derechos elementales; es la herramienta jurídica que hace temblar a los abusivos y prepotentes. Los propios magistrados se incomodan cuando algún ciudadano presenta un proceso constitucional, se resisten a tramitarlo (peor, si se trata de acciones verbales) y prefieren que dichos documentos legales sean entregados al juzgado penal de turno.


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