¿Puede postular la cónyuge del Presidente?

La legislación electoral es una herencia del fujimorismo, fue elaborada con el propósito de asegurar la permanencia de Alberto Fujimori en el poder, las modificaciones de esas leyes se han limitado a corregir las disposiciones referidas a la reelección presidencial, dejando intactas las demás que constituían un tinglado normativo con el mismo propósito. Es así que las leyes que fabricó Fujimori para facilitar el fraude electoral del año 2000, han sobrevivido los intentos de democratizar la legislación electoral, como la destrucción de los votos inmediatamente después del escrutinio, establecida por el art. 300 de la ley de Elecciones 26859 promulgada en 1997, y el establecimiento en 1995 de medio millón de firmas como requisito para la inscripción de un partido político, a fin de impedir la inscripción de nuevos partidos y candidatos alternativos a Fujimori que le pudieran frustrar su plan de reelección continua.

| 05 mayo 2013 12:05 AM | Columnistas y Colaboradores | 2.1k Lecturas
¿Puede postular la cónyuge del Presidente?

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El Perú no está sujeto
a la voluntad de sus gobernantes sino a su Constitución y a sus leyes, y a las decisiones de gobierno que se sujetan a ellas, no siendo ético, moral ni legal que se haya producido un debate que lesiona el orden constitucional y legal en perjuicio de todos los peruanos. Admitir que es posible la elección presidencial de la cónyuge del Presidente, estando prohibido por la ley, es consentir que las leyes se pueden vulnerar por aquellos que las pueden cambiar a su antojo.
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Si bien la Ley de Partidos Políticos 28094, promulgada en noviembre del 2003, bajo el gobierno de Alejandro Toledo, redujo el porcentaje del 5% del padrón de ciudadanos votantes como requisito de cantidad de adherentes para la inscripción de los partidos políticos, al 1% de los votos válidamente emitidos en las últimas elecciones, incorporando el sentido de la Ley 27505 que el 2001, bajo el gobierno de Valentín Paniagua, redujo el porcentaje del 5% al 1%; el 25 de diciembre del 2009, bajo el gobierno de Alan García Pérez, se publicó la Ley 29490, aumentando nuevamente este porcentaje al 3%, y reponiendo el medio millón de firmas impuesto por Fujimori, una ley inconstitucional que vulnera el derecho de los peruanos a participar en la vida política del país en condiciones de igualdad ante la ley.

La intención de impedir que aparezcan nuevos partidos que abran la puerta a la postulación presidencial de otras personas que puedan afectar la perspectiva de las carreras presidenciales de los protagonistas políticos es evidente, la misma que ha contado con el silencio de toda la clase política, que de una y otra forma asegura su permanencia en el escenario detrás de las figuras que suelen postular a la Presidencia.

Quienes ahora fustigan a los que están en el poder por sus pretensiones reeleccionistas, son los mismos que aprueban leyes con la intención de asegurar su elección presidencial, tantos unos como otros, evidencian que sus intereses personales están en su conciencia por encima del Perú.

Y así, otra vez nos encontramos discutiendo la factibilidad de una reelección presidencial, vestida de elección de la cónyuge del Presidente, debate que se ha producido muy a pesar que la Ley Orgánica de Elecciones, 26859, a través de su art. 107 inciso e) establece claramente su prohibición, sin admitir dudas de interpretación.

Para los que el debate queda reducido a modificar la ley, como para otros que esperan una respuesta del Presidente sobre la eventual postulación de su esposa, la situación en discusión está sujeta a la voluntad del que ejerce el poder presidencial con apoyo del Congreso, siendo esto un grave error que lesiona el espíritu democrático de la ley, garantista de los derechos políticos de todos los peruanos y no solo de los que detentan el poder.

El Perú no está sujeto a la voluntad de sus gobernantes sino a su Constitución y a sus leyes, y a las decisiones de gobierno que se sujetan a ellas, no siendo ético, moral ni legal que se haya producido un debate que lesiona el orden constitucional y legal en perjuicio de todos los peruanos. Admitir que es posible la elección presidencial de la cónyuge del Presidente, estando prohibido por la ley, es consentir que las leyes se pueden vulnerar por aquellos que las pueden cambiar a su antojo.

Esta prohibición responde a un principio establecido en toda la ley de elecciones, de no permitir la indebida postulación de un ciudadano que por su vinculación al poder se haya podido beneficiar de este para postular a un cargo público, y si este principio no es suficientemente válido para inhibir a los que pretenden modificar la ley para hacerlo posible, nos encontramos ante un grave caso de ausencia de moralidad social.

La moral social es el principal patrimonio de una nación, si esta permite actuaciones desmedidas de poder y el desconocimiento de los principios que inspiran las leyes y la propia Constitución, habremos permitido que la nación enferme gravemente y no tenga salvación.

Ya el Perú ha tenido que soportar el embate delictivo de campañas electorales donde la compra de la conciencia popular ha sido el común denominador, mediante regalos que han condicionado el voto ciudadano, para que permitamos que los programas asistenciales sean convertidos otra vez en acciones encubiertas de campaña electoral de los funcionarios en el gobierno, o aún peor de sus cónyuges, los cuales no ejercen cargo público y no pueden ser parte de los actos oficiales, ni dirigirlos, como si ejercieran función pública, por cuanto dicha conducta está tipificada por los arts. 361 y 438 del Código Penal como delitos de usurpación de funciones y contra la fe pública, y el uso de los recursos del Estado con fines de campaña electoral revestida de asistencia social, tipifica además el delito de peculado establecido por el art. 387 del Código Penal, y el delito de corrupción de la voluntad electoral por medio de dádivas, tipificado por el art. 356 del mismo código.

Alentar la candidatura del cónyuge de quien ejerce la Presidencia de la República del Perú en las elecciones inmediatas al período de su mandato, por tanto es inconstitucional e ilegal, pero lo más grave es que atenta contra el sentido democrático y el deber ser de elecciones libres, igualitarias, y respetuosas de los derechos políticos de todos los peruanos.

Le queda a nuestro país una agenda de democratización pendiente luego del legado normativo fujimorista, pero sobre todo, le queda la gran tarea de no permitir que nunca el abuso del poder legisle para su perpetuación. En momentos en que se habla de voto electrónico, y pensamos en los millones de ciudadanos que jamás estuvieron frente a una computadora, nos preocupa la validez del sistema, como la destrucción de las cédulas de votación, que no nos permitirían como ahora en Venezuela, contar los votos en resguardo de la voluntad electoral de la ciudadanía.

Construir una democracia puede ser una tarea estéril si permitimos que los políticos construyan un ensamblaje de permanencia en el poder, que restringe el acceso de todos los demás. La batalla que tenemos por delante es de principios, de valores, de fuerza moral para no permitir que la inercia del abuso del poder imponga por medio de la prensa sus criterios, para hacernos creer a los peruanos que lo que hace contra la ley, está bien.

Debemos ser capaces de construir una cultura de igualdad en el ejercicio de los derechos políticos, y de respeto a los principios que inspiran la Constitución y la ley, es la única manera de edificar una auténtica democracia, y de lograr el verdadero desarrollo del Perú.


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Beatriz Mejía Mori

OPINIÓN

Colaboradora