Protestas antimineras: ¿y ahora qué?

1.- Exactamente a los 101 días de instalado el gobierno de Ollanta, las movilizaciones antimineras de Andahuaylas nos volvieron a la realidad. Contando con el apoyo de los citadinos (a pesar de los 20 soles del kilo de pollo por el bloqueo), vimos cómo los campesinos se adueñaban de la ciudad, aunque la policía hizo lo suyo, pero con límite. Cajamarca antes y Huaraz después acompañaron, con particularidades, este tipo de protestas. Y se vienen más.

| 14 noviembre 2011 12:11 AM | Columnistas y Colaboradores | 2.9k Lecturas
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También en las redes empezaron a mostrarse las imágenes de un mitin de Ollanta, como candidato, cuando en Cajabamba y defendiendo el medio ambiente y el agua ante la avasallante explotación de Yanacocha, tomaba partido por los intereses del mundo campesino. Aprovechándose de los conflictos, no faltan los voceros de la derecha que con sarcasmo y satisfacción recuerdan que “una es con guitarra pero otra con cajón”.

2.- De otro lado, si bien es cierto que en estas movilizaciones existen infiltrados, el lumpen saqueador y minúsculos grupos violentistas, también lo es que miles y miles de participantes en estas jornadas de protesta lo hacen convencidos de la justeza de su causa y motivados por la defensa de sus cotidianos derechos e intereses. Mal se haría, pues, si continuando con la propaganda de la derecha recalcitrante, queremos estigmatizar estas protestas al calificarlas como dirigidas por el extremismo. Y, a propósito ¿dónde están los militantes del Partido Nacionalista-Gana Perú? ¿ Y los nuevos Gobernadores?

3.- Se ha constatado, lastimosamente para nosotros, que casi siempre los altos funcionarios peruanos de las empresas mineras extranjeras son, a contracorriente de lo esperado, los menos interesados en plantear las propuestas verdaderamente conciliatorias entre la población afectada y los intereses de la gran empresa. También, los que saben con mil triquiñuelas y malas artes conseguir que, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental elaborados por organismos gubernamentales se preocupen más de los menores gastos de la empresa que de la defensa de los derechos de la población campesina. Y en no pocos casos, son los que después, ya como funcionarios del Estado, se encargan de la elaboración de estos estudios. Es decir, se come a dos cachetes.

4.- ¿Qué hacer? No se puede dejar para las calendas griegas o seguir pateando para adelante este grave problema. Por la trascendencia del tema debería convocarse a una Conferencia Nacional a favor de un Pacto Nacional Minero, donde recogiendo los puntos de vista de la empresas mineras, los representantes de la poblaciones afectadas, personalidades y analistas independientes y altos funcionarios del Estado se pongan de acuerdo sobre cómo conciliar “el oro con el agua”. Parece que ya no bastan solo los acuerdos entre el Estado y las empresas mineras. Se requiere también, en un mismo escenario, escuchar las otras voces. Más aún, cuando la negociación entre el fuerte (las empresas mineras) y el débil (comunidades campesinas) siempre tiende a favorecer al primero. Por eso es que la búsqueda de la solución ya ha dejado de ser un problema sectorial y se ha convertido es uno nacional.

¿No sería propicio, con este motivo, instalar el Consejo Económico Social?


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Carlos Tapia

Opinión

Columnista

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