Política y no guerra

Ollanta Humala está al frente de un país en riesgo de ingobernabilidad. La violencia escala rápidamente y la indignación y el dolor crecen con el número de muertos. Los conflictos aumentan, en especial los relacionados con la minería y no se vislumbran actitudes que permitan enfrentarlos políticamente y en democracia.

| 06 julio 2012 12:07 AM | Columnistas y Colaboradores | 659 Lecturas
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El desencuentro permanente de la sociedad con el Estado se agudiza por las acciones represivas de un gobierno elegido por quienes ahora protestan. Ningún programa social será suficiente para pacificar. Humala ha ido dejando de lado la política para subordinarse a la lógica militar de sus principales operadores que priorizan el enfrentamiento violento. Política es gobernar convenciendo lejos de la lógica bélica que gobierna con el temor, con la represión y la eliminación de los adversarios.

No estamos en una guerra, la democracia debe apostar por la legitimidad del diálogo y de la persuasión. Por los argumentos y no por las balas. Con el agravante que los supuestos enemigos son electores que confiaron en soluciones diferentes. Hoy las posiciones se ven irreductibles y a ello ha contribuido un Estado-gobierno que ha perdido su rol de administrar el conflicto, de apaciguarlo sin tomar partido en la pugna. El prematuro Conga Va presidencial originó dos bloques enfrentados, el de las mineras sostenidas por el gobierno, que tiene el monopolio de la fuerza, y el de la población desarmada que protesta convencida de su razón al defender lo poco que tienen, el medio ambiente que no se puede depredar impunemente.

Dos visiones de país que llegan a la violencia con muertos cada día. El gobernante oscila entre la promesa de diálogo y la bravata que originará nuevas violencias. La minera en balcón no hace nada por recuperar confianza, la población indignada identifica una santa alianza del gobierno con el empresariado depredador.

La Policía es parte del problema, violenta, prepotente, abusiva, muy lejos de la profesionalización y la desmilitarización, usando armas letales que producen heridos y muertos que alientan más violencia. La ciudadanía protesta con razón por una Policía que entra en domicilios, repele con palo y gas lacrimógeno y crea un clima constante de violencia.

Una probable militarización viene siendo apoyada irresponsablemente por medios que difunden medias verdades. Lo hemos visto sobre Cajamarca. El abuso es también delito, las imágenes de la captura de Marco Arana corrieron como pólvora en el país y en el exterior, paradigmáticas de la distorsión mediática que indigna. Los comentarios televisivos señalaban al hombre sentado en la plaza con un cartel en el pecho como un gran provocador, un manifestante violento que opuso resistencia e incluso se hizo apresar por afán de figuración. No aludieron a la desproporción abusiva, a los más de veinte efectivos armados contra un hombre desarmado, a los múltiples golpes a mansalva propinados con afán de destruirlo físicamente. Ni la prepotencia ni la violencia en la comisaría fueron parte del libreto. Cuando las cámaras registraban insania e impunidad el abuso era invisible. Nadie mencionó ante cámaras que esa política represiva puede convertirse en matanza sin problemas.

Los medios deben contribuir al equilibrio y el Estado-gobierno recuperar su independencia, poner paños fríos, ejercer la política, escuchando, atendiendo argumentos, buscando el diálogo y la negociación, descartando la mentira y la fuerza. Se trata de recuperar algo de la confianza y la legitimidad perdidas. El conflicto es inherente a la vida en sociedad pero la calidad de una democracia está en la forma en que lo procesa, dentro de las instituciones y no fuera de ellas, menos aún con farsa, violencia y muerte que descalifican.

Tenemos mucho que perder como país y como democracia. Urge cambiar al gabinete Valdés para retornar a la política. Que todos cedan un poco por objetivos superiores. Mi solidaridad con Marco Arana, amigo y hombre valiente y de bien, líder popular, víctima de un gobierno represivo cuyas decisiones están dejando mal a la democracia y a sus instituciones.


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