Persecución aprista al descubierto

El inciso tercero del artículo 2º de la Ley Fundamental determina que no hay persecución por razón de ideas o creencias; en consecuencia, nadie puede ser citado, investigado, procesado, ni juzgado por sus pensamientos políticos.

| 30 diciembre 2008 12:12 AM | Columnistas y Colaboradores | 1k Lecturas
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La oposición democrática tiene el derecho de no compartir las ideas de Alan García, puede criticarlo ácidamente sus medidas económicas, puede cuestionar la extraña intención de vender una parte del Cuartel General del Ejército para distraer el negociado en el aeródromo de Collique, puede alertar sobre sus apariciones mediáticas en la organización de la teletón y anunciando un imposible indulto, sólo para recuperar algo de popularidad. Pero, no existe ninguna razón, causa o motivo para perseguir a los rivales por sus ideas políticas; menos aún, que el gobierno aprista utilice a las autoridades policiales, fiscales y judiciales para una cacería contra la oposición, aplicando normas dictadas al amparo de facultades delegadas o pretendiendo imputar graves delitos. Nadie duda que el APRA manipula el Poder Judicial y el Ministerio Público; por eso, los compañeros quedaron al descubierto cuando lanzaron una campaña difamatoria contra un dirigente de construcción civil, removiendo asuntos judiciales pasados, y por la celeridad para encarcelar a otros dirigentes opositores.

Hace pocos días, "La Primera" reveló la existencia de documentos que, dolosamente, pretenden comprometer a dirigentes de izquierda con el terrorismo internacional u plantean una arbitraria privación de la libertad, sin previamente citarlos a declarar, ni escuchar su descargo, violentándoles el derecho de defensa, bajo el pretexto ilegal que las pesquisas son reservadas, desconociendo que ésta medida está referida a los terceros ajenos a las investigación y no a los letrados de los afectados. Ninguno conoce los cargos en su contra; sólo existe una sospechosa indagación policial, monitoreada por el Ejecutivo. El gobierno aprista busca silenciar a los críticos, para que no incomoden al cuestionado e impopular jefe de Estado. Esta alarmante situación es un atropello al debido proceso legal y un peligro para quienes no creen en el futuro diferente de García. El Poder Ejecutivo trató de desmentir la información y de restarle importancia al tema; sin embargo, la tramitación fiscal continuó y ahora se pretende una detención preliminar judicial.

Hay una amenaza contra la libertad individual y se están atropellando los derechos fundamentales. En estos casos, la única herramienta jurídica para defenderse es el habeas corpus; no queda otro camino legal.

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Heriberto Manuel Benítez Rivas

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Columnista