Ordenamiento territorial para un nuevo modelo de desarrollo

El ajuste estructural de 1990 y la Constitución de 1993 definieron un modelo orientado a limitar al máximo el rol del Estado en la economía y a promover las grandes inversiones en actividades extractivas. Esta política se ha mantenido casi inalterable durante más de dos décadas. Hemos asistido al incremento sostenido de este tipo de actividades, lo cual se refleja en el crecimiento de las inversiones y en el amplio porcentaje de nuestro territorio que se encuentra concesionado, sobre todo en la sierra y la selva.

| 29 octubre 2011 12:10 AM | Columnistas y Colaboradores | 1.7k Lecturas
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Esta orientación expresa la apuesta por la continuidad del modelo primario-exportador. Aunque en el discurso esta opción se justifique con la idea de que los ingresos generados por las actividades extractivas se deben destinar a la promoción de otras actividades, lo cierto es que el avance en esta perspectiva es muy limitado; no se han formulado estrategias ni se han asignado recursos significativos para ello.

En la misma línea de consolidar el modelo neoliberal se han aplicado políticas de apertura comercial y se han firmado los denominados tratados de libre comercio, los cuales refuerzan los derechos de los grandes inversionistas e impactan en la prioridad que se asigna a las actividades productivas, por ejemplo a la agropecuaria, la cual se dirige hacia la exportación en detrimento de la seguridad alimentaria.

La misma orientación explica la resistencia gubernamental a fortalecer la capacidad de planificación del Estado, lo cual se refleja en el nulo avance en la construcción de un sistema de planeamiento que integre de manera horizontal a los diversos sectores del Gobierno nacional y de manera vertical a los tres niveles de gobierno

En este marco, el debate sobre el ordenamiento territorial va mucho más allá de los aspectos técnicos y de procedimiento, y se ubica en el terreno de la disputa política de intereses diversos y contrapuestos. Se abre la posibilidad de construir, desde nuestra diversidad territorial, un nuevo patrón de acumulación orientado a la generación de valor agregado, sustentado en el conocimiento y la innovación. Los objetivos planteados por el nuevo gobierno de reducir la desigualdad y promover la inclusión social deben estar en el centro de este debate que no es solo económico, sino también ambiental, social, cultural y político.

Desde esta visión, no es un aspecto secundario la definición del marco institucional que conduzca el plan nacional de ordenamiento territorial. Es un proceso complejo y multidimensional, que requiere la acción articulada de los diversos sectores del Gobierno nacional y de los tres niveles de gobierno. Corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ceplan y a la Secretaría de Descentralización, asumir la responsabilidad de dar curso a un amplio debate nacional y dar forma a un proceso de ordenamiento territorial que siente las bases para un cambio de orientación de nuestro patrón de acumulación.

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Javier Azpur

Globalización con equidad

Coordinador Ejecutivo Grupo Propuesta Ciudadana