Ojo con el 1095

El análisis de la conflictividad social en nuestro país pasa por el inadecuado manejo de la economía: los derechos sociales son desatendidos en época de bonanza económica. Derechos como la salud, un medio ambiente sano, trabajo, entre otros, no son tratados como debería hacerlo un país que, según el Presidente de la República, está a poco de ser una potencia sudamericana.

Por Diario La Primera | 22 set 2010 |    

Tras la creación de mesas de diálogo y la poca efectividad de las mismas, el gobierno se fue dotando de leyes abiertamente inconstitucionales que buscaban criminalizar a las personas que se movilizaban reclamando sus derechos. Las primeras fueron los Decretos Legislativos 982 y 983, que distorsionaban figuras legales para luego sobre-penalizarlas y aplicarlas a la población que protesta. Pero quizás el riesgo mayor se ha instaurado con la promulgación del DL 1095, el cual establece la posibilidad de que las Fuerzas Armadas ingresen solas a manejar conflictos sociales. Hasta antes de esta ley, solo lo podían hacer en apoyo de la Policía Nacional.

Esta norma, que supuestamente se enfocaba en atender situaciones como la presencia de las FFAA en el VRAE o el Alto Huallaga, contra Sendero Luminoso, también se podrá usar contra lo que se denomine “grupo hostil”, cuya definición de acuerdo a ley es aquel que: 1) Está mínimamente organizado; 2) Tiene capacidad y decisión de enfrentar al Estado en forma prolongada por medio de armas de fuego, punzo cortantes o contundentes en cantidad y 3) Participan o colaboran en las hostilidades. Con esta aproximación tan general, cualquier grupo que proteste podrá ser identificado como hostil y las FFAA tendrán la posibilidad de intervenir directamente.

Esta situación es muy grave. Recurrentemente hemos dicho que las FFAA no están preparadas para controlar un conflicto social. Su formación responde a situaciones de guerra. A ello se suman las nefastas experiencias pasadas de lo que representa enviar a nuestros soldados a manejar el orden interno.

Para que las FFAA intervengan sólo se necesita declaratoria de emergencia y, claro, existe también un articulado en el sentido de librar o garantizar impunidad en el manejo de estas acciones. En ese sentido, hacen bien las organizaciones sociales como la CGTP, CCP, Conacami y Aidesep, en iniciar el recojo de firmas para declarar esta norma inconstitucional.

Pero sería mejor que el gobierno meditara y reconociera que la población requiere atención para sus derechos y no más muertos –que ya suman 16– ni heridos; que derogara esta norma.
Referencia
Ojo con el 1095

    Miguel Jugo Viera

    Miguel Jugo Viera

    Globalización con equidad

    (Aprodeh)