Municipalidades y el tránsito

Uno de los mayores problemas de Lima, de los más grandes tormentos que padecen los ciudadanos de nuestra urbe, es el tránsito caótico, que con espantosa frecuencia cobra vidas entre choferes y peatones, y el transporte que sigue siendo insuficiente, falto de calidad y eficiencia.

| 02 marzo 2013 12:03 AM | Columnistas y Colaboradores | 481 Lecturas
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Si bien la Alcaldesa de la ciudad tiene planes en marcha para reformar el tránsito y el transporte y ha logrado avances significativos enfrentando un problema que por su complejidad y su costo político sus antecesores prefirieron aliviar o simplemente eludir, hay medidas que se pueden poner de inmediato y que, además articulan con esa reforma fundamental.

Se trata de encontrar la manera de que la reforma se cumpla con el acatamiento de las normas que la sustenten y sobre todo con el respeto a las reglas del tránsito y el transporte, pues sin ese acatamiento ningún plan podrá funcionar.

Teóricamente ese control tendría que estar a cargo de la policía, pero en los hechos esta tiene demasiadas preocupaciones con el combate a la delincuencia y el crimen organizado y es mejor que se le libere de una obligación que no está entre las prioridades de la seguridad ciudadana, lo que no disminuye su importancia.

Es por eso que en muchos países todo lo que concierne al tránsito y el transporte está en manos de los municipios, lo que podría darse en Lima y en el resto del país, para que el control, en las calles, sea responsabilidad del Serenazgo de cada distrito, previa y convenientemente capacitado para el efecto.

De esa manera, la Policía Nacional podría dedicar todos sus esfuerzos a procurarnos seguridad y solo acudir, mediante protocolos muy claros y estrictos, a respaldar al municipio en incidentes de tránsito de mayor gravedad y complejidad.

Los gobiernos locales tienen pleno dominio y conocimiento de las características del problema en sus jurisdicciones y, en la medida que estos afectan sus planes y el desarrollo de la administración edilicia, pondrán más celo en el cuidado de la observancia de las normas de tránsito y transporte.

Además, la ciudadanía, en una jurisdicción de ámbito menor, podrá fiscalizar con mayor efectividad la labor municipal en este terreno, y las autoridades sabrán que el impacto electoral de lo que hagan será también directo.

Entregar toda la responsabilidad del tránsito a los municipios requiere por cierto de voluntad política concertada del Ejecutivo y el Congreso, así como niveles de concertación y compromiso de las fuerzas políticas que dejen de lado las obsesiones destructivas por las que algunas pretenden usar problemas graves y estructurales solo para ganar puntos con altisonantes adjetivos y reclamos de que rueden cabezas.


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