Movimientos sociales y democracia

Una de las modificaciones más relevantes en la dinámica institucional de América Latina ha sido la irrupción de los movimientos sociales y la sociedad civil como canales autónomos de representación política. La elección de los gobiernos por votación en casi todos nuestros países, favorece su capacidad de influir en las decisiones y políticas públicas. La crisis de los partidos y la creciente desconfianza en las instituciones de la democracia son otras razones que favorecen el creciente protagonismo de los movimientos sociales.

Por Diario La Primera | 21 jul 2010 |    

Desde hace más de una década, asistimos a la creciente presencia de mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas en la gestión pública, así como a una creciente exigencia por mayor transparencia en el uso de los recursos del Estado. Las tendencias a profundizar la democracia las encontramos en las movilizaciones de diversos sectores, planteando sus intereses o demandas expresando su protesta, generando espacios de negociación.

Sin embargo es más o menos evidente que aún predominan los factores que se oponen a estas tendencias. La profundización de la desigualdad, la dispersión de los diversos movimientos e instituciones sociales, la resistencia de la estructura burocrática del Estado, la corrupción generalizada, la persistencia del clientelismo en todos los niveles de gobierno son algunos de ellos. En este escenario ha despuntado el movimiento indígena. En nuestro continente hay múltiples ejemplos al respecto. En el Perú, este movimiento logró presencia desde fines de los años noventa. Entre los aspectos específicos de este hecho podemos señalar la importancia de la dimensión étnica en la agenda global, así como la trascendencia de la sostenibilidad de los recursos naturales frente al enorme desafío político, social, económico y cultural del calentamiento global.

La movilización de las comunidades de nuestra Amazonía, que convocó un amplio respaldo nacional e internacional, terminó en las lamentables e innecesarias muertes de Bagua. Ello reflejó la emergencia de un sector social de base étnica que busca mayor presencia en las decisiones de política pública en todos los niveles de gobierno.

La consulta a los pueblos indígenas expresa un claro avance en el reconocimiento de sus derechos en nuestro marco constitucional, aunque de manera insuficiente, así como también en la legislación internacional, como el convenio de la OIT o la declaración de derechos de los pueblos originarios de la ONU. Hoy es ineludible la consulta a los pueblos sobre la explotación de los territorios en los cuales se desenvuelven como ciudadanos y productores. Es fundamental que el Congreso ratifique el contenido de la denominada Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas, de tal manera de abrir espacios institucionales para la representación de sus demandas e intereses. Sería un cambio progresivo para nuestro más que mellado sistema político.


    Javier Azpur

    Javier Azpur

    Globalización con equidad

    Coordinador Ejecutivo Grupo Propuesta Ciudadana