Megaencubrimiento

Lo que ha pasado en la comisión que investiga los delitos económicos del gobierno de Alan García evoca directamente al final de la comisión que vio el caso de los petroaudios, presidida por Daniel Abugattás y concitó expectativas similares a la que hoy dirige el bisoño Sergio Tejada.

| 30 junio 2012 12:06 AM | Columnistas y Colaboradores | 1.4k Lecturas
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En cada caso, el fujimorismo llegó hasta la víspera en condición de investigador del APRA haciendo de disciplinados trabajadores por descubrir la verdad de la corrupción aprista. Pero como lo hiciera Raffo en el 2009, negándose a firmar la acusación en el último día y dejando a la comisión debilitada, sumando su voto al del PPC y del APRA, con lo que se abrió el camino a la impunidad que predomina hasta ahora en el caso emblemático de la corrupción de la segunda mitad de la década de los 2000.

Hoy, los fujimoristas Pedro Spadaro, el que quiere inventar motivos para vacar presidentes regionales cuando se identifiquen con las protestas de sus pueblos, y Carlos Tubino, que quisiera repetir el papel de Giampietri como intermediario de la Marina de Guerra con los partidos de derecha, hacen un papel idéntico de boicoteadores de último minuto, de la mano con el congresista Wong, electo detrás de Kuczynski, pero de claros antecedentes apristas, con la resonancia de los medios DBA, que tratan de sentar la idea de que acusar a García por el asunto de los colegios emblemáticos, como podría ser con todo el paquete de obras derivadas de los decretos de urgencia cuando se gastó el dinero público, sin prioridades ni controles, sería una pura maldad del actual gobierno.

Para recordar lo que sucedió con los llamados decretos de urgencia, habrá que tener presente que la única urgencia que había entre 2008 y 2009 era la de la crisis financiera internacional y sus probables impactos en la inversión, el financiamiento y el comercio global. En una brusca reconversión keynesiana, el neoliberal Alan García y el ultraliberal Luis Carranza, se lanzaron a una carrera de gasto con recursos de los superávits y carencias de los años anteriores. Pero nunca se determinó por qué era más urgente invertir en renovar antiguos colegios (rebautizados “emblemáticos), principalmente en Lima, sobre la dotación de colegios y escuelas en los lugares del interior del país donde no existen o se reducen a un solo ambiente en el que estudian los alumnos de todos los grados con el mismo maestro. Tampoco quién decidió los contratistas que ejecutarían la obra, entre ellos DHMont, el conejo que salió del sombrero, y que habiendo ganado en el Tribunal Constitucional la concesión de Collique, que amenazaba los intereses del amigo del presidente Pepe Graña, se las arregló para quedar de socio menor en el programa de viviendas sobre la pista del autódromo, mientras recibía un trato de amigo del régimen en el tema de los colegios, el Estadio Nacional y otros.

Finalmente con la misma arbitrariedad a prueba de balas, García dirimió los precios, aumentando de a pocos los precios, paso a paso hasta más que duplicarlos. ¿Quién controló todo esto?, ¿cuál fue el papel de la Contraloría en el seguimiento de las etapas del proceso?, ¿qué opinaron el SNIP, la OSCE y otros organismos que interfieren los presupuestos regionales y municipales, sobre la calidad técnica de los proyectos y la limpieza de las asignaciones? Que todo esto fue una falsa urgencia y una atroz danza de dinero y amistades del presidente está fuera de duda. Pero entre corruptos se entienden.


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Raúl Wiener

POLITIKA

Analista

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