Latifundio y límites a la propiedad agraria

Los antiguos romanos acuñaron la expresión Dura lex sed lex, cuya traducción al español sería “la ley es dura, pero es la ley”. Aunque hay muchos aspectos en que la locución latina resulta aplicable, conviene recordar a los miembros de la Comisión Agraria del Congreso que en la legislatura anterior un par de proyectos de ley quedaron entrampados. Nos referimos a los proyectos que buscaban poner un límite máximo a la extensión de las tierras agrícolas.

| 17 setiembre 2012 12:09 AM | Columnistas y Colaboradores | 3.9k Lecturas
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Algunos acusaron de inconstitucionales a esos proyectos, pero debe recordarse que el artículo 88 de la Constitución vigente establece que “La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona”. No solo eso, sino siguiendo nuestra propia tradición constitucional y del Derecho Civil, el artículo 70 de nuestra Constitución señala que el derecho de propiedad “Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley”.

Más aún, desde 1995 está vigente la Ley Nº 26505, aprobada en las postrimerías del Congreso Constituyente Democrático (CCD), la cual estableció un impuesto a las propiedades que excedieran las 3,000 ha, excluyendo del mismo a las comunidades campesinas y a las propiedades privadas entonces existentes. Esa limitación, conforme se discutió en aquella oportunidad en el CCD, buscaba evitar la concentración de tierras agrícolas. Esa norma está vigente, aunque no se ha reglamentado el impuesto.

Así las cosas, haría bien la Comisión Agraria en retomar la discusión del tema. Pero, ¿por qué mover este espinoso tema? Por una razón muy simple: se ha producido en las últimas dos décadas un silencioso proceso de concentración de tierras agrícolas, dando lugar a la formación de verdaderos neolatifundios, que motivarían la envidia de los hacendados cuyas tierras fueron expropiadas en la década de 1970.

Para quienes piensan que cualquier intento de frenar este proceso de concentración atenta contra el desarrollo del país y que el Estado no debería interferir en el mercado, habría que recordarles que, para ser coherentes con esos planteamientos, debería objetarse la millonaria inversión que el Estado ha anunciado llevar adelante en grandes irrigaciones, para beneficiar, con precios subsidiados, la adquisición de tierras fiscales por unas pocas grandes empresas. Esos proyectos promueven los cultivos para la agroexportación y los biocombustibles, que no ayudan a nuestra seguridad alimentaria, la cual es atendida sobre todo por pequeños productores agrarios, para los que paradójicamente, se brinda un apoyo mínimo desde el Estado.

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Laureano Del Castillo

Globalización con equidad

Director Ejecutivo de CEPES