La sangre llama

“La opinión más difundida entre la oposición y la prensa es que el cambio de penitenciaría de Antauro Humala es un escándalo y, más que eso, el “Waterloo” del régimen.”

| 11 marzo 2012 12:03 AM | Columnistas y Colaboradores | 2.1k Lecturas
La sangre llama 2154

La comidilla de los medios esta última semana ha sido el traslado de Antauro Humala del penal de “máxima seguridad” de Piedras Gordas a una prisión más íntima en los linderos del Comando de Educación y Doctrina de la Escuela Militar de Chorrillos. Antauro Humala cumple una condena de 19 años por homicidio y secuestro, consecuencia del asalto armado a una comisaría en Andahuaylas cuyo objeto era iniciar una asonada golpista contra el gobierno constitucional de Alejandro Toledo. Allí murieron cuatro policías y dos licenciados del Ejército.

Aunque reo común, Antauro Humala es hermano del presidente de la República y su caso y todo lo que le concierna, como el traslado de una prisión a otra, siempre tendrá consecuencias políticas. Por lo tanto, no debe causar extrañeza que el debate se haya asentado allí. Como el negocio de la oposición es oponerse al gobierno en todo lo que favorezca los intereses de la oposición, el traslado de Antauro Humala es una pera en dulce porque la platea está asegurada. De más está decir que la oposición está en su legítimo derecho. Y el oficialismo también de defender al gobierno, esto es, de defender su no participación en el hecho y no el traslado de Antauro Humala de Piedras Gordas a Chorrillos, pues aquella es la posición del gobierno.

La explicación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es que el traslado obedeció a medidas de seguridad, tanto para el reo como para su familia en atención, precisamente, de las consecuencias políticas que un hecho de fuerza o de sangre contra ellos en Piedras Gordas podría generar para el gobierno de su pariente, el presidente de la República. Aunque suene razonable porque de hecho lo es, ello es intrascendente. Porque, como estamos hablando de política y no de otra cosa, lo importante no es si es razonable o no la explicación del INPE, sino si es creíble o no.

Como vivimos en una democracia, el barómetro de la credibilidad no está en otro sitio que en la “opinión pública”. Y será en ésta donde se librará la batalla política entre el gobierno, la oposición y los medios de prensa. No se trata pues de convencer a los políticos y periodistas, sino de convencer al pueblo de que el traslado del hermano del presidente a una cárcel más benigna afectará o no la credibilidad del régimen.

Pero el Perú no sólo es una democracia, sino una democracia constituida por un Estado de derecho. De ahí que la otra arista de la polémica política está en saber si ese estado se ha vulnerado o no, es decir, si el andamiaje legal se ha desbarrancado en el trayecto de Piedras Gordas a Chorrillos.

En cuanto a lo político, la opinión más difundida entre la oposición y la prensa es que el cambio de penitenciaría de Antauro Humala es un escándalo y, más que eso, el “Waterloo” del régimen. Como algunos líderes de opinión vienen pronosticando (y deseando) el Waterloo del régimen desde el mismo 28 de julio pasado y la aceptación del gobierno se ha mantenido estable por encima del 50%, lo más probable es que, para decepción de algunos, el Waterloo sea el de sus pronósticos (y sus deseos). En todo caso el cambio de fortuna del gobierno no se producirá por Antauro. Hay, antes que él, cien problemas más importantes para el pueblo que el traslado de un Humala de una cárcel a otra y, por lo tanto, será el fracaso en la solución de estos problemas el que inclinará la balanza de la popularidad y aceptación del gobierno. En otras palabras, si los problemas se resuelven medianamente para la percepción pública, el gobierno no sufrirá mella y Antauro pasará los próximos cuatro años y medio viendo marchar (esperemos que discretamente y sin las altisonancias a las que nos tiene acostumbrados, acuérdense sino del triste fin de Crousillat), desde su ventana, a sus ex compañeros de milicia.

Pero, más allá de los tremendistas “Waterloo”, queda el problema de si este cambio de penal es un escándalo político. Un escándalo para quién y por qué, habría que precisar. El escándalo político sólo importa en una democracia si afecta la sensibilidad de “pueblo”, no la del director de un diario o la de un congresista alarmado. Pero, ¿le afecta?

Independientemente de si es correcto o no, el hecho de favorecer a un hermano en desgracia - más allá de cuál sea la causa de su desgracia - no es mal visto por la mayoría de los seres humanos. Es más, lo natural para la mayoría es que hay que velar por al hermano caído. Y lo contrario es ser un hermano desalmado. Por lo tanto, lo más probable es que en el caso del presidente y su hermano, la opinión pública se lave las manos.

Aunque eso esté por verse, el hecho cierto es que en las elecciones generales la mayoría del país votó por dos candidatos cuyo padre y cuyo hermano estaban presos. Ello pese a considerar que ambos favorecerían a sus respectivos parientes una vez llegados al poder, según lo advertían las encuestas del momento. Y aunque los dos candidatos lo negaron y la mayoría no les creyó, igual votaron por ellos. De ahí que es razonable pensar que en el sentimiento mayoritario, ése favoritismo no constituye un escándalo y, consecuentemente, no afectará la popularidad del régimen.

En cuanto al Estado de derecho, ése es un asunto que no les interesa mucho a las mayorías, lamentablemente. Así, el debate por la ley se limitará al desprestigiado foro del Congreso que, valgan verdades, a nadie le importa.

Queda el tema de la justicia, en su sentido más amplio. Yo no quisiera estar en el zapato de los deudos. Tampoco en los del presidente. En ambos casos es la sangre la que llama. La justicia, sin embargo, sólo puede estar de un lado. El resto es silencio.


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Ricardo Vásquez Kunze

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