La privatización de la universidad peruana

El Colegio de Abogados de Lima, preocupado por el deterioro en la calidad de la enseñanza del Derecho, producido por facultades, filiales y programas a distancia, sin garantía de calidad académica, está promoviendo una Iniciativa Popular para que el Congreso de la República revise las normas pertinentes. Doce ex decanos suyos han emitido un pronunciamiento respaldando tal iniciativa.

Por Diario La Primera | 16 set 2008 |    

Aquel fenómeno había sido ya documentado por Luis Pásara (2004) en un prolijo informe elaborado por encargo del entonces Ministro de Justicia Baldo Kresalja, que daba cuenta de las condiciones surrealistas (ausencia de sílabos, planes de estudio y bibliotecas, funcionamiento en casas o locales comerciales, etc.) en que discurría la enseñanza del Derecho en instituciones surgidas en el marco del DL 882 (1996) que hizo posible la creación de universidades con fines de lucro, sin establecer garantía alguna de su calidad una vez autorizadas. Aquella oferta universitaria privada, mayoritariamente deleznable y fraudulenta, apostó a capitalizar con celeridad ofertando indiscriminadamente grados y títulos. Hoy la matrícula en tales instituciones supera ampliamente la de las universidades públicas, sancionando así la privatización de la universidad peruana.

Tan sólo la “universidad” Alas Peruanas (una de las que más aportan a este panorama kafkiano, al funcionar con 26 sedes en todo el país, sin reconocimiento del CONAFU, único ente con potestad de autorizar la creación de universidades), en una publicación con motivo de su 12º aniversario, da cuenta de más de 15,000 ingresantes en el primer proceso de admisión de este año (¡habrán otros dos!); sumando los 16, 443 alumnos que reporta en tan sólo sus filiales, ya supera de lejos a toda la población estudiantil de San Marcos, primera universidad pública del país… Mientras tanto, el ministro de Defensa nombra a su rector miembro del Comité Consultivo de su sector, el Ejército lo condecora con su máxima distinción para civiles por su “servicio” al país, el Presidente del Congreso de la República recibe del mismo una camioneta 4 x 4 para sus donaciones a Ica, y (¿qué dirá el Colegio de Abogados?) el Presidente del Poder Judicial y la Corte Suprema recibe en la filial de Trujillo un doctorado Honoris Causa… ¿Hablamos, entonces, de los mecanismos de impunidad en este sector?.. Lo haremos, al menos en esta columna.


    Zenón Depaz Toledo

    Zenón Depaz Toledo

    Opinión

    Columnista