La población exige rapidez a la OCMA

La ciudadanía tiene una desconfianza histórica en el Poder Judicial (PJ) y en el Ministerio Público; además, existe el concepto generalizado que la mayoría de los magistrados sólo condenan inocentes o absuelven culpables, que no respetan el debido proceso legal ni las garantías judiciales, que dictan autos apertorios de instrucción o mandatos de detención sin fundamento sólido, que traban embargos abusivos, que autorizan extradiciones violentando el ordenamiento jurídico vigente, que admiten pedidos extravagantes, que cometen enriquecimiento ilícito, lavado de activos o corrupción y que, a pesar de ello, se mantienen en el cargo.

| 10 noviembre 2009 12:11 AM | Columnistas y Colaboradores | 612 Lecturas
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Igual sucede con los titulares de la acción penal pública, quienes se resisten a intervenir de oficio a pesar que conocen la realización de hechos punibles; los defensores de la sociedad, encargados de la prevención del delito no cumplen sus obligaciones legales. Hay numerosas denuncias o acusaciones fiscales formuladas sin argumento alguno y/o archivos definitivos que apuntan a la impunidad de los responsables.

Los órganos de control del Poder Judicial (PJ) y del Ministerio Público actúan con frialdad y lentitud. La sociedad civil reclama intervenciones rápidas, medidas de separación inmediata, acciones urgentes y sanciones drásticas. Hay jueces y fiscales duramente cuestionados que resultan intocables, como Edgar Vizcarra Pacheco, único juez civil del Cono Este de Lima, quien permanece en dicho cargo desde hace quince años y donde a pesar de existir graves denuncias en su contra, la autoridad competente aún no lo separa del cargo, poniéndose en peligro la recta administración de justicia. No debemos admitir la presencia de magistrados privilegiados o protegidos familiarmente, ya que eso significa una señal negativa en la lucha frontal contra la corrupción y afecta directamente el trabajo de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

La verdadera reforma judicial no será implementada con normas legales, reglamentos, decretos, ni dispositivos técnicos; tampoco, se cristalizará con alfombras rojas, ni celulares satelitales, ni vehículos blindados. El verdadero cambio en el Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público, reiteramos, empezará cuando los jueces o fiscales corruptos sean destituidos, juzgados y condenados a penas efectivas de prisión; si cometen delitos tendrán que ir a la cárcel, ya que han traicionado la confianza del Estado, para la protección de la libertad personal y de los bienes de la población.

Por esa razón, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) debería actuar con mayor energía respecto a la separación del cargo impuesta contra algunos jueces, ya que, sospechosamente, dichos magistrados han logrado que la máxima instancia administrativa del Poder Judicial (PJ) deje sin efecto las medidas adoptadas por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), luego realizan extrañas permutas de sus puestos para ser ubicados en otra Corte Superior de Justicia, distinta a la que tienen problemas y de esa manera vuelven a la judicatura en lugares donde pobladores y letrados no conocen sus antecedentes.


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Heriberto Manuel Benítez Rivas

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Columnista