La situación de los magistrados provisionales desaprobados

El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de nombrar, previo concurso, a jueces y fiscales y los ratifica cada siete años; además, aplica la sanción de destitución. El juez o fiscal no ratificado o destituido se aparta del cargo y se le cancela el título. Para postular existen requisitos básicos; los candidatos pueden ser abogados, académicos, docentes universitarios o jueces y fiscales que aspiran a ser titulares o postulan a un nivel superior. Las personas ajenas al Poder Judicial y al Ministerio Público que desaprueban la evaluación, continuarán desempeñando sus labores habituales; sin embargo, las normas vigentes no determinan qué sucede con aquellos que, estando en ejercicio de funciones provisionales, son desaprobados. Aquí nace la interrogante: ¿pueden continuar en el cargo? ¿Están preparados y/o capacitados para seguir administrando justicia o ejercer la titularidad de la acción penal pública, aquellos que no aprobaron la evaluación para el cargo que desempeñan?

Por Diario La Primera | 07 oct 2008 |    

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) aún no ha regulado, ni reglamentado este asunto; por ello, varios magistrados provisionales continúan en funciones, a pesar de haber sido desaprobados. Hay jueces que prefieren ser ascendidos interinamente, disfrutar de las ventajas, recibir atenciones especiales y permanecer en cargos provisionales para recibir la remuneración y pensión del titular, sin ningún problema. El caso más vergonzoso es el del magistrado César Vega (ex socio de Alan García). Extrañamente ascendido a la Corte Suprema, postuló varias veces para ser vocal titular de la máxima instancia del Poder Judicial y nunca aprobó el examen; sin embargo, continuó como supremo provisional, luego, por breve tiempo, retornó a su lugar de origen y ahora, nuevamente, sin ninguna explicación, lo han promovido y desempeña tareas en la Corte Suprema de Justicia. Nadie olvida que este cuestionado magistrado llegó a poner en funcionamiento una oficina legal en la azotea de su domicilio, donde el ex personero legal del APRA, utilizando esa dirección, defendía a Luis Duthurburu Cubas, uno de los testaferros de Vladimiro Montesinos.

El Consejo Nacional de la Magistratura no puede permitir que esta escandalosa situación continúe, ni que se siga desnaturalizando las labores jurisdiccionales; hay que tomar decisiones urgentes.


    Heriberto Manuel Benítez Rivas

    Heriberto Manuel Benítez Rivas

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    Columnista