La Ley de Consulta Previa interpela a la Educación

Actualmente está en discusión y negociación el Reglamento de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, cuya promulgación abrió una nueva posibilidad de entendimiento y diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas, asunto sobre el cual la educación está obligada a decir su palabra.

| 17 octubre 2011 12:10 AM | Columnistas y Colaboradores | 1.3k Lecturas
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Existen por lo menos tres vínculos claros. Primero: la ley establece que el proceso de consulta debe desarrollarse en la lengua de los pueblos consultados reconociendo y respetando las características y el valor de su cultura, lo que nos recuerda la necesidad de encarar una política agresiva de educación bilingüe intercultural.

Segundo: la Ley expresa claramente que el Estado reconoce como interlocutores válidos a los pueblos indígenas, lo que supone asumir la educación como vehículo de integración y espacio ciudadano de encuentro y reconocimiento entre diferentes. Tercero: la Ley tiene como finalidad central considerar la validez de la opinión de los pueblos consultados acerca de lo que es más conveniente para la calidad de vida de sus poblaciones, lo que supone que la educación se plantee como desarrollo de pensamiento crítico y ético, capaz de articular las aspiraciones de progreso con los postulados de equidad, respeto a la vida y el entorno.

La educación bilingüe intercultural debería viabilizar el entendimiento y la integración de los distintos grupos que forman parte de la sociedad peruana; y cuya diversidad étnica, lingüística y cultural es poco reconocida, escasamente valorada y casi no es atendida por nuestra débil democracia.

Esta omisión es la base de las profundas diferencias y divisiones entre los pueblos en el Perú y de las situaciones de violencia generadas a partir de ello. La Comisión de la Verdad lo recordó oportuna y dolorosamente; y los hechos de Bagua lo corroboraron luego una vez más.

Para que estas situaciones no se repitan, la educación bilingüe intercultural no sólo debe ser enfocada como forma de viabilizar aprendizajes efectivos de lectura y matemáticas para pueblos que tienen lenguas y culturas distintas, sino convertirse en instrumento de información, convivencia y reconocimiento, como parte del esfuerzo ético nacional de construcción de la ciudadanía.

Las actuales altas tasas de crecimiento económico conviven con grandes brechas socioeconómicas, situaciones graves de desigualdad étnico-cultural y conflictos ambientales irresueltos. Las poblaciones indígenas están colocadas al centro y, en tiempos de inclusión social, requieren políticas que salden deudas de justicia impostergable.

La ley de Consulta Previa es parte de este camino y debe ser complementada con el traslado de valor y presupuesto significativos, para implementar un sistema de educación pública que las atienda con dignidad; y también para que se haga efectiva como espacio participativo mediante su palabra clave y crítica, acerca de asuntos que la modernidad y el desarrollo colocan en sus agendas y vidas, con consecuencias muchas veces negativas en términos de bienestar colectivo.


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Teresa Tovar Samanez

A ojo de buen cubero