La indiferencia y “mecedora” no puede continuar

La industria pesquera nacional tiene una historia de producciones récord y de acumulación de fortunas impresionantes, pero tiene también una historia de proteccionismo desde las más altas esferas estatales que la ha llevado a ser desde siempre (excepto en la época de Velasco Alvarado) un negocio altamente rentable.

| 01 marzo 2013 12:03 AM | Columnistas y Colaboradores | 1.5k Lecturas
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Durante la dictadura de Alberto Fujimori, en diciembre de 1992, los empresarios pesqueros obtuvieron la Ley 27977, llamada Ley General de Pesquería, que entre otras cosas les permitía que en una sola planta se procesara pescado para el consumo humano directo y para harina y aceite de pescado, con lo que los trabajadores perdieron el control sobre la carga que ingresaba a la planta y sobre la que se establecía su salario.

Antes, el Decreto Legislativo 728 que señalaba que la relación laboral contaba con una jornada laboral variable e indeterminada, que se iniciaba con la llegada de la materia prima a la planta y culminaba cuando esta se consumía, a cambio de una remuneración al destajo que se valoraba en kilo-producto final o servicios. Así se eliminaba cualquier derecho adicional, con lo que el tema de trabajo digno resultaba una utopía absoluta.

Adicionalmente la generosidad de la dictadura amplió las causales de despidos de trabajadoras y trabajadores y dirigentes sindicales; los registros sindicales se hicieron farragosos, obligando a los gremios a pasar por Registros Públicos y convertirse en Asociaciones sin Fines de Lucro.

Ya durante el gobierno de Alejandro Toledo, se dio la Ley 27979 que crea el “Régimen Remunerativo Semanal de Carácter Cancelatorio para los Trabajadores de la Industria Pesquera de Consumo Humano”. Esta ley está hecha exclusivamente para los y las trabajadoras operativos de las plantas pesqueras de consumo humano directo, aquellos que tienen una jornada variable e indeterminada, discontinua y atípica.

Esta ley establece también que el pago al trabajador no puede ser menor al sueldo mínimo vital y debe incluir el pago de sus beneficios sociales, una fracción correspondiente a las gratificaciones, otra por vacaciones y una tercera por su CTS, pagados y entregados en efectivo. Igual deben consignarse los aportes y retenciones para las prestaciones de salud y pensiones, así como el pago dominical. Un punto central de la ley es que establece el concepto de “unidades de trabajo”, para determinar las tarifas y con ellas el salario.

Pues a casi diez años de la publicación de la Ley, esta no tiene Reglamento aún, el Poder Ejecutivo no ha mostrado ningún interés en proponer ninguno y la ley por tanto no puede llevarse a la práctica. A dos años de este gobierno, no parece haber intención de aprobar el Reglamento, y los empresarios aún pueden dormir tranquilos sobre el colchón del desinterés gubernamental por atender los derechos de los trabajadores.

Jorge Quezada
*CEDAL-Centro de Derechos y Desarrollo


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