La Imagen del Poder Judicial (PJ)

El inciso segundo del artículo 31º de la Ley Nº 26397 establece que procede la destitución de un juez o fiscal por la comisión de un hecho grave que, sin ser delito o infracción constitucional, compromete la dignidad del cargo y la desmerezca en el concepto público; éste numeral debe ser aplicado con energía, de manera firme y sin temor de ninguna naturaleza.

| 24 noviembre 2009 12:11 AM | Columnistas y Colaboradores | 726 Lecturas
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El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no puede desconocer sus obligaciones constitucionales, ni renunciar a sus deberes legales; menos aún, tratándose de investigaciones contra miembros de la máxima instancia del órgano jurisdiccional. Los actuados no se pueden derivar al propio Poder Judicial (PJ) para que aplique una sanción menor, como lo hicieron con el juez supremo.

Robinson Gonzales, ya que dicho procedimiento no está regulado, ni reglamentado; los consejeros saben que una decisión con esas características alimentaría la impunidad. Ítem más, no olvidemos que si los vocales supremos cometieran algún delito de función o infracción constitucional deberá formularse una acusación en el Poder Legislativo.

Nadie duda que existen actitudes dolosas o decisiones intencionales que afectan seriamente la imagen del Poder Judicial (PJ) como el extraño viaje a Francia (París), de los magistrados Francisco Távara y Jorge Solís, sobre todo porque fue financiado por una persona jurídica

que tiene numerosas causas en giro dentro de la judicatura o como la resolución dictada por la Segunda Sala Penal Transitoria Suprema, presidida por José Lecaros, que declaró procedente el pedido de extradición de un ciudadano a la República Popular China para que le apliquen la pena de muerte o como la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) para exculpar a los integrantes de la Tercera Sala Superior Penal de Reos Libres de Lima, quienes no acataron una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos favoreciendo la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad o como las declaraciones del titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Vega, quien negó haber distinguido a un letrado ligado a la Universidad “Alas Peruanas”, mientras simultáneamente un medio de comunicación social demostraba lo contrario o como la inaceptable demora de la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) para aplicar el articulo 60º de la nueva Ley de la Carrera Judicial al cuestionado juez civil del Cono Este de Lima, Edgar Vizcarra Pacheco, respecto de quien, la Policía Nacional del Perú (PNP), en una investigación preliminar, ordenada por la 38º Fiscalía Provincial Penal de Lima, ha encontrado serios indicios de lavado de activos y delito contra la administración pública.

Esta es una radiografía del Poder Judicial (PJ); tenemos un diagnóstico delicado que nos demuestra la necesidad de una inmediata reforma radical del órgano jurisdiccional, la cual debe empezar por sancionar ejemplarmente a los abusivos que cometan infracciones o atropellen los derechos fundamentales. Los jueces o fiscales corruptos deben ser destituidos, procesados y enviados a la cárcel.


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