La gracia de García

Hace pocos días, Alan García mostró una tardía preocupación por la injusta privación de la libertad que viene sufriendo Magaly Medina en el centro penitenciario "Santa Mónica", debido a una sospechosa condena dictada por una jueza penal, quien aplicó una pena efectiva de cinco meses, cuando, de acuerdo a Ley, el mínimo legal para castigar un delito cometido por medio de la prensa es un año de prisión.

| 16 diciembre 2008 12:12 AM | Columnistas y Colaboradores | 429 Lecturas
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La única razón para aplicar una sanción menor es que existan atenuantes, pero ello jamás podría culminar con una reclusión efectiva; por ello, esa inexplicable decisión judicial alimentó la hipótesis que la detención de la periodista de espectáculos era una cortina de humo del gobierno para distraer a la población del tema de los petroaudios que afectaba directamente al jefe de Estado y originó la caída del gabinete Del Castillo. Item más, todo sucedió en la Corte Superior de Justicia de Lima que está piloteada por el disciplinado ex personero legal del APRA.

La inesperada intervención de Alan García logró, hábilmente, que, por ahora, se olviden de los botellazos de la Plaza de Acho; también, pretendió, sin éxito, desviar las críticas sobre la oscura venta de una parte del cuartel general del Ejército. La gracia no le resultó efectiva. Esa declaración presidencial, inmediatamente, generó comentarios referidos a un probable indulto; la Ministra de Justicia recibió la bola de fuego y demostró un total desconocimiento sobre esta figura legal. No existe un perdón presidencial en acciones privadas; nuestro ordenamiento jurídico vigente determina que Alan García sólo podría conceder el derecho de gracia y que éste es viable en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria o sea no es aplicable en favor de Magaly Medina. Adicionalmente, el 18 de diciembre del 2007, el Tribunal Constitucional explicó detalladamente en que casos el jefe de Estado puede conceder el derecho de gracia.

Los procesos por delitos de imprenta y otros medios de publicidad tienen un trámite sumarísimo y especial, regulado por el Título II del Libro Cuatro del Código de Procedimientos Penales. Hay una mixtura en la aplicación de normas penales y civiles; son las únicas causas que siguen gozando de tres instancias judiciales. No interviene el Ministerio Público (salvo opinión técnica ante la Corte Suprema de Justicia), ni el procurador del Estado. En estas acciones privadas, conforme al artículo 85º del Código Penal, sólo se extingue la ejecución de la pena por el perdón del ofendido, con el cual el condenado saldría inmediatamente en libertad; caso contrario, tendría que esperar que la instancia superior revoque la sentencia o que se cumpla la pena.

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