La arbitraria ley de cuotas de pesca

El Decreto Legislativo Nº 1084 que implementó el Sistema de Cuotas Individuales de Pesca, se sustentó en los objetivos de eliminar la contaminación del mar, solucionar el exceso de capacidad de bodega de la flota industrial, y velar por el trabajo y derechos de los pescadores. Pero un somero análisis nos demuestra las previsibles y lamentables consecuencias para la industria pesquera, los trabajadores pesqueros y pescadores.

| 17 octubre 2011 12:10 AM | Columnistas y Colaboradores | 2.3k Lecturas
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Sin refrigeración en sus bodegas y carentes de autonomía, las embarcaciones industriales solo pescan hasta las primeras 30 millas; y por el tiempo que transcurre desde la zona de pesca a las fábricas, más la espera del turno para descargar, el pescado empieza un rápido proceso de descomposición, ocasionándose la caída al mar de restos, líquidos aceitosos y proteínas solubles, que representan una merma significativa y la contaminación de nuestro mar. Al procederse a la descarga en las unidades operativas se declara un peso menor al real, so pretexto de compensar el mal estado del pescado; calculándose una evasión o “pesca negra” que bordea el 30% de la pesca anual.

La cuestionada asignación de cuotas ha originado la disminución del número de embarcaciones utilizadas, no de la pesca asignada, y la desocupación del 50% de pescadores, los cuales permanecerán excluidos de la actividad industrial durante 5 años. Quienes sí han podido hacerse a la mar, se han visto obligados a aceptar una llamada “restructuración salarial”, que significa en la práctica una drástica reducción de sus ingresos y desconocimiento de sus derechos.

La pretensión de monopolizar la actividad harinera por un pequeño grupo de grandes empresarios, con la complicidad de anteriores autoridades de PRODUCE, han provocado ya la eliminación de pequeñas y medianas empresas pesqueras y de flota, alentándose el desempleo y abuso contra quienes han sido forjadores de la pesquería nacional.

El Sistema de Cuotas de Pesca, contradice el Artículo número 61 del título III de la Constitución Política del Perú: “El Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que lo limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios”.

Las 1700 embarcaciones industriales con permisos de pesca, y capacidad de bodega de más de 200,000 toneladas, provocan congestión si continúan pescando hasta las primeras 30 millas, pero significaría una flota reducida si ocuparan nuestras amplias 200 millas, para aprovechar las miles de especies marinas existentes, y que la gran mayoría de peruanos aún ignoramos.

La pesquería peruana es un inmenso negocio de rápidos resultados económicos, pero que hasta el momento solo beneficia a un selecto grupo de empresarios, y que lamentablemente no otorga al erario nacional un justo aporte tributario, y más bien empobrece a cientos de miles de habitantes en los puertos del Perú.

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Juan Rebaza Carpio

Mirando al mar