Hay legisladores arrepentidos

El 13 de noviembre del 2008, el Congreso, en una sesión plenaria y con 101 votos a favor, acordó que el procurador público a cargo de los asuntos del Poder Legislativo denuncie al titular de la Región Áncash por un inexistente maltrato a una integrante de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA) durante una actividad no oficial, en la Universidad Los Ángeles de Chimbote, a la cual no fue invitada y donde su presencia era rechazada por los asistentes; ante ello, los organizadores, respetuosamente, pidieron a la legisladora María Helvezia Balta que se retire para poder continuar con la ceremonia. Ella bajó las gradas y abordó su vehículo sin problemas; testigo clave es el presidente del Consejo de Ministros.

| 17 febrero 2009 12:02 AM | Columnistas y Colaboradores | 616 Lecturas
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Los padres de la patria actuaron manu militari, nunca citaron a César Álvarez Aguilar para escuchar sus descargos, jamás observaron el video que registraba lo sucedido; ni siquiera se preocuparon de averiguar qué había ocurrido. Adoptaron una decisión sin conocer realmente los hechos, lo hicieron a ciegas y tomaron como base las expresiones de una parlamentaria fujimorista. Hay varios legisladores que están arrepentidos e incluso han reconocido que apoyaron el pedido sin saber con exactitud qué se estaba votando.

Hubo una flagrante violación al debido proceso legal, al derecho de defensa que está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico y que debe ser respetado por todas las autoridades en cualquier clase de pesquisas; más aún, cuando un Poder del Estado pretende imputar determinada conducta inapropiada. Lamentablemente, el Ministerio Público, defensor de la legalidad y de la sociedad, dirigido por la cónyuge de un dirigente aprista, lejos de devolver los "actuados" al propio Congreso, por los abusos y/o atropellos que se estaban cometiendo, decidió darle trámite a los documentos y ahora, extrañamente, desarrolla una investigación preliminar; adicionalmente, existe una acumulación de documentos, ya que un abogado de la parlamentaria supuestamente afectada, también, pidió una pesquisa. En el dossier se habla de una serie de ilícitos penales que no encajan con los hechos narrados y se transcriben algunos artículos del Código punitivo, sin ninguna base legal, ni jurídica. Hay un material fílmico que el colegiado denunciante ni siquiera lo ha visualizado, menos aún los ahora actores procesales; el propio fiscal provincial desarrolló las diligencias y formuló interrogantes, sin haber observado el video.

Ítem más, en el expediente fiscal, existe un fulminante informe entregado por el presidente del Consejo de Ministros que, prácticamente, obliga al Ministerio Público a disponer, inmediatamente, el archivo definitivo ya que no existió ninguna infracción penal.

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