Hacia una mejor gestión ambiental

La semana pasada la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó el proyecto de ley 1461/2012-PE, que propone la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), como un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, que se encargaría de la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIAd) o de alto riesgo.

| 06 noviembre 2012 12:11 AM | Columnistas y Colaboradores | 1.1k Lecturas
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La decisión de crear una institución que centralice la evaluación ambiental es un avance para mejorar la gestión ambiental y social de las inversiones en nuestro país. Era necesario fortalecer la institucionalidad del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), tarea pendiente del Estado peruano. Se espera con ello que una serie de conflictos socioambientales, producidos por la baja calidad de los instrumentos de gestión ambiental, así como por la poca confianza que generan en la ciudadanía, sean resueltos, en un futuro, de manera más fácil y efectiva.

Si bien el citado proyecto de ley presenta un avance, algunos de sus apartados deben ser mejorados para que la nueva institucionalidad del SENACE goce de total autonomía y operatividad, se articule eficiente y eficazmente a nivel intersectorial e intergubernamental y garantice la participación ciudadana.

Una ausencia en el citado proyecto de ley es que no considera en su funcionamiento la participación del sector Cultura, ni de los Gobiernos Regionales y Locales, ni la academia, la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones indígenas. Asimismo, el proyecto de ley tampoco menciona la participación de los Gobiernos Regionales y Locales en el procedimiento de evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Asimismo, el proyecto de ley no establece los mecanismos de coordinación entre el SENACE y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para asegurar una supervisión y fiscalización eficiente del instrumento de gestión ambiental; ni establece los mecanismos entre el sector de cultura y ambiente, para el ejercicio del derecho a la consulta previa a los instrumentos de gestión ambiental que se implementarán en tierras indígenas.

Igualmente, el proyecto de ley debería enunciar explícitamente las funciones de SENACE en relación a los procedimientos de participación ciudadana, al derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y a otros instrumentos que son importantes en el proceso de la gestión ambiental y social de las inversiones.

Finalmente, el proyecto de ley debe tener mayores precisiones sobre esta nueva institucionalidad ambiental, así como claridad en su gobernanza y en los estándares ambientales y sociales con que se aprobarán los EIA detallados.

Ciframos esperanzas para que la gestación de esta nueva institucionalidad estatal ambiental permita un escenario de gobernanza, apoyado en un marco normativo claro e integral, que contribuya al desarrollo sostenible y equitativo en nuestro país, y a generar confianza en la ciudadanía, y con ello, evitar más conflictos socioambientales en el futuro.

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Pilar Camero Berríos

Amazonía y Buen Gobierno

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR