Gobierno para las fuerzas armadas y policiales

Por las grandes pantallas de los medios y por las radios más importantes se proyecta la imagen de un Perú que vive el milagro económico por su crecimiento maravilloso, de un presidente de la República adorable que habría dejado de ser chavista-terrorista-antiminero, hasta volverse en un gran demócrata.

| 03 marzo 2013 12:03 AM | Columnistas y Colaboradores | 4.6k Lecturas
Gobierno para las fuerzas armadas y policiales 4670

Mientras la atención política de los últimos meses estuvo centrada en las fiestas de Navidad y Año Nuevo y en la contienda electoral para revocar a Susana Villarán, por los rincones marginales y por la letra pequeña de los diarios supimos que el gobierno ha dado y prepara disposiciones de gran importancia en favor de las Fuerzas Armadas y Policiales, convirtiéndolas en beneficiarias de segundo orden, luego de las grandes empresas multinacionales, particularmente mineras.

Cuidado, no quiero decir que se trata de un gobierno de las Fuerzas Armadas y Policiales así a secas, sin mediaciones ni matiz alguno. Un sustantivo aumento de sueldos ya ha sido negociado y acordado.

Los peruanos y peruanas estamos prohibidos de pedir alguna información sobre los gastos militares. Todo lo que los militares compran (aviones, tanques, municiones, uniformes, y hasta el rancho para los soldados) es un gran secreto militar.

Ya está preparado el terreno para que sea aprobada una ley llamada del “negacionismo”, para acusar de terrorista a quien se atreva, en última instancia, a cuestionar el orden existente. Constitucionalmente, todos los ciudadanos tenemos el derecho de opinar políticamente, pero esa disposición quedará como una letra muerta más.

Para el Perú oficial, los únicos terroristas que existen en el país son los senderistas. Desde esa perspectiva, el terrorismo de Estado, ordenado desde los más altos rangos del poder civil y militar, sería una calumnia montada para dañar el prestigio de las Fuerzas Armadas. Fueron hechos duros y puros los crímenes del Comando Colina, debidamente probados por la Corte Suprema para condenar a 25 años de cárcel a Alberto Fujimori.

Para mayores detalles es suficiente ver el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los numerosos informes de los periodistas de investigación (La República, Revista Ideele), los informes de los organismos de Defensa de los Derechos Humanos y los fallos de la Corte Interamericana de Defensa de los Derechos Humanos para saber que se trata de una tristísima realidad y no de una calumnia. Los dos terrorismos merecen igual condena.

Para que no surja ninguna oposición que ponga en peligro el milagro del crecimiento económico del país y las bondades de la llamada democracia peruana, está lista una nueva ley universitaria que perseguirá y condenará a los estudiantes que no dicen amén a lo que pasa en el país, que autoriza a las Fuerzas Armadas a entrar a las universidades para imponer su orden, como hicieron en tiempos de los siameses Fujimori y Montesinos y en otras y lejanas dictaduras militares y civiles.

Es lamentable la complicidad de las propias autoridades universitarias como la de San Marcos para perseguir y castigar a los estudiantes que se atrevan a hacer una marcha o pintar una pared.

La defensa del derecho de los estudiantes y profesores para investigar la realidad del país y expresar un pensamiento crítico del orden existente, es fundamental. Este derecho es esencial en una sociedad democrática en serio. Defenderlo no significa estar de acuerdo con las prácticas que los senderistas tuvieron tanto en la universidad como en el país y, menos, justificarlas.

Quedan dos decisiones políticas claves que podrían confirmar y cerrar el círculo de un gobierno en favor de las Fuerzas Armadas y Policiales: el indulto a Fujimori y una amnistía para liberar a todos los militares presos y cortar los juicios pendientes. Fujimori dio la amnistía para beneficiar a sus hombres de confianza, pero pudo más la fuerza democrática en el país para devolverlos a las cárceles.

El Presidente de la República es y seguirá siendo un militar. Cambió de caballo a mitad del río y al optar por el oro y no por el agua, y al aceptar sin crítica alguna las leyes del mercado y la acumulación privada, sacó del gobierno a sus aliados políticos sin quienes no habría podido ser elegido.

Parece que no queda ninguno de ellos, pues el grueso tiene ya una tienda política aparte, con una aparente lealtad con la “Gran Transformación”, que es una especie de humalismo sin Humala. Los grandes empresarios multinacionales y nacionales y los dueños de los medios de comunicación lo apoyan interesadamente. En muy breve tiempo se han convertido en humalistas, luego de haber sido antes alanistas y fujimoristas.

Para que en el mundo político se formen y duren las coaliciones que gobiernan, es indispensable la confianza. La pregunta es: ¿en quiénes confía el Presidente? La respuesta más sencilla podría ser: en su promoción, en los que se formaron con él en el Ejército, en su arma, en el Ejército como tal, y en las Fuerzas Armadas y Policiales.

Ya sabemos que la promoción de Humala tiene parte del control del Ejército, porque se ha beneficiado con muchos y rápidos ascensos. En los dos próximos años que viene ese control será total. Los decretos ya dados y los que vienen, consolidan esa coalición castrense.

¿Y la democracia? Con los partidos en gravísima crisis, con el concepto de democracia restringido a periódicos, juegos electorales y con la fantasía de la llamada representación, la democracia en serio está fuera del horizonte.


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Rodrigo Montoya Rojas

“Navegar Río Arriba”

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