Fumigando la Justicia

Ahora que el presidente de la Corte Suprema ha hablado de la fumigación del Poder Judicial, me saltan a la memoria inmediatamente varios casos en los que se requeriría una desinfección a fondo para recuperar la confianza en la justicia.

| 22 abril 2013 12:04 AM | Columnistas y Colaboradores | 1.1k Lecturas
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Pongo solo un ejemplo, en julio del 2012, el entonces presidente de la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura), Enrique Mendoza Ramírez, resolvió la queja del ciudadano Jaime Ramiro Mimbela Montenegro contra varios miembros de la Corte del Callao incluida la jefe de la ODECMA (Oficina de Control provincial), que habrían incurrido en diversas faltas para impedir que se resuelva el trámite de cobranza contra la pesquera Hayduck, alargando indefinidamente el proceso en su beneficio, ordenando abrir investigación preliminar contra siete jueces superiores y encargando a un magistrado controlador para que en el plazo no mayor de 30 días, con recomendación de celeridad, emita un informe sobre este grave caso.

El magistrado contralor encargado resultó siendo el juez superior anticorrupción Juan Carlos Santillán Tuesta, que no se demoró 30 días como le habían exigido, sino 10 meses y que al final no resolvió nada sino que se limitó a ampararse en una Resolución de la instancia inferior que había mandado al archivo del expediente de queja. Insólitamente. Esta acción de Control del Callao no tenía ninguna base de legalidad porque se produce después que el Dr. Mendoza emitiera su Resolución y también porque una de las denunciadas era su jefa la Dra. Irma Estrella Cama, o sea era juez y parte en el proceso.

El magistrado contralor sabía desde septiembre que Estrella Cama había fallado contra la máxima autoridad de control y que desde enero, esta jueza había sido elevada a provisional en la Corte Suprema. De ahí que dejó correr el tiempo y sin realizar la más elemental diligencia que era visitar la Corte del Callao (llegó a decir que si iba para allá “lo mataban”), resolvió imponiendo una vez más la impunidad y el espíritu de otorongo en la relación entre los jueces. O sea que ahora los propios quejados mandan al archivo los expedientes de queja, y si el más alto jefe de la OCMA ordena investigar, el juez encargado no hace nada y se lava las manos convalidando los actos del propio investigado para protegerse.

Todo esto porque de por medio la poderosa empresa Hayduck ha perdido en el caso Mimbela y ha tenido que resarcir a su oponente. Como ahora no quiere cumplir con el resto del mandato de la ley, tiene un ramillete de jueces dispuestos a empantanar la cobranza hasta las calendas griegas. Y uno de ellos llegó a preguntar que si Mimbela ya había cobrado el principal ¿de qué se quejaba? Lo que prueba de que hay que seguir fumigando el Poder Judicial.


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Raúl Wiener

POLITIKA

Analista