Fiscal autoritaria y totalitaria

El artículo 159º de la Constitución Política determina que al Ministerio Público le corresponde intervenir como defensor de la legalidad, conducir desde su inicio la investigación policial, representar a la sociedad y velar por la recta administración de justicia, lo cual implica que están obligados a respetar el debido proceso legal en todas las pesquisas que ordenan, permitiendo el ejercicio del derecho de defensa, citando a los implicados y escuchando sus descargos, aun cuando las diligencias o actuaciones tengan carácter reservado o secreto. Debe entenderse que esta característica excepcional está referida a los terceros, ajenos a una investigación o proceso judicial; pero, nunca se aplica a las partes.

Por Diario La Primera | 17 marzo 2009 |  750 
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Jamás, un fiscal o un juez podrían impedir a un letrado que tome conocimiento de los cargos que se le imputan a su patrocinado, ni prohibir la lectura del expediente, ni limitar la presentación de escritos o apelaciones, ya que eso implicaría una flagrante violación a los derechos fundamentales y daría lugar a la presentación de una acción constitucional de hábeas corpus.

Hace varios meses, la fiscal Fanny Escajadillo Lock, sospechosamente, ordenó a la división policial especializada en terrorismo internacional que efectúe una pesquisa preliminar reservada contra trece (13) conocidos dirigentes políticos de izquierda, opositores al gobierno aprista, que integran un partido político. Aquellos ciudadanos, como todos sabemos, no fueron citados, ni escuchados y a pesar de ello, la fiscal Escajadillo solicitó al Poder Judicial la detención preliminar, el allanamiento de sus domicilios y el descerraje de los mismos; extrañamente, el magistrado Omar Pimentel accedió al pedido. La amenaza estaba latente y las autoridades seguían tramando maldades. La Fiscal de la Nación guardó un silencio cómplice; no dijo una sola palabra sobre este abuso.

Ante ello, inmediatamente, presentamos una acción constitucional de hábeas corpus que, a pesar de ser declarada infundada, ha permitido comprobar que los hechos divulgados por LA PRIMERA fueron ciertos y verdaderos; los abusos han sido reconocidos por la representante del Ministerio Público y por el juez penal, en sus declaraciones judiciales. Item más, la fiscal Escajadillo, enemiga de la libertad de expresión, llegó al extremo incalificable de señalar que el único objetivo de la acción de garantía era conocer las supuestas “pruebas” para publicarlas en esta columna democrática; esa es la mentalidad autoritaria de quien, teóricamente, debería defender la legalidad y esto nos demuestra, fehacientemente, que su presencia es peligrosa y/o dañina para el desarrollo de una recta administración de justicia.

En esta causa, lamentablemente, hasta ahora, no ha intervenido la defensora del Pueblo, a pesar de estar debidamente notificada por el 8º Juzgado Penal de Lima y de corresponderle la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona.

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    Heriberto Manuel Benítez Rivas

    Heriberto Manuel Benítez Rivas

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